El Consejo Consultivo de la Generalitat considera ilegal la última reforma penal

Califica de "fraude parlamentario" la iniciativa del PP contra el 'plan Ibarretxe'

La reforma del Código Penal que el PP aprobó en solitario para castigar con cárcel la convocatoria ilegal de referendos es inconstitucional, según un dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña. El máximo órgano jurídico de la Generalitat no entra en el fondo de la reforma, pero juzga que el procedimiento utilizado -enmiendas al Senado- provocó la "vulneración del pluralismo político" y un "fraude al procedimiento parlamentario", por lo que anima a recurrir al Constitucional.

El dictamen del Consejo Consultivo, aprobado por unanimidad el 2 de marzo y remitido esta sema...

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La reforma del Código Penal que el PP aprobó en solitario para castigar con cárcel la convocatoria ilegal de referendos es inconstitucional, según un dictamen del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña. El máximo órgano jurídico de la Generalitat no entra en el fondo de la reforma, pero juzga que el procedimiento utilizado -enmiendas al Senado- provocó la "vulneración del pluralismo político" y un "fraude al procedimiento parlamentario", por lo que anima a recurrir al Constitucional.

El dictamen del Consejo Consultivo, aprobado por unanimidad el 2 de marzo y remitido esta semana al Parlamento autónomo, es el paso previo a la presentación del recurso de inconstitucionalidad, aunque éste no es automático. Fue solicitado por Convergència i Unió (CiU), pero previsiblemente contará con el respaldo de todos los grupos, salvo el PP. La reforma del Código Penal se aprobó el 18 de diciembre con el único apoyo del PP. La oposición se negó a votar.

La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Penal se hizo a través de una enmienda presentada en el Senado a la Ley de Arbitraje. Pese a la indignación de todos los grupos, el PP utilizó este método para que se castigue con penas de tres a cinco años de prisión la convocatoria de un referéndum ilegal. La reforma, pensada para combatir el plan Ibarretxe, requirió modificar tres artículos del Código Penal.

El dictamen evita evaluar el contenido de la reforma, pero considera que el procedimiento empleado es inconstitucional y debería invalidarla. La resolución, de 33 folios, considera que la admisión de la enmienda por parte de la Mesa del Senado fue "incongruente" y "arbitraria". Las conclusiones son tajantes: el máximo órgano jurídico de la Generalitat considera que la reforma vulneró "el pluralismo político inherente al procedimiento legislativo propio de un Estado democrático" y se produjo un "fraude al procedimiento parlamentario".

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