Un registro central identificará a todos los imputados por violencia doméstica

Los datos personales de todos los ciudadanos que resulten condenados o imputados por un delito o falta de violencia doméstica figurarán en el denominado Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica cuya puesta en marcha aprobó ayer el Gobierno. Esta base de datos informatizada incluirá además todas las órdenes de protección, las medidas cautelares dictadas y la identidad de sus beneficiarios, la gran mayoría, mujeres. El registro, abierto sólo a jueces, fiscales y policía judicial, facilitará "información precisa" para los procesos y la mejora de la protección....

Los datos personales de todos los ciudadanos que resulten condenados o imputados por un delito o falta de violencia doméstica figurarán en el denominado Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica cuya puesta en marcha aprobó ayer el Gobierno. Esta base de datos informatizada incluirá además todas las órdenes de protección, las medidas cautelares dictadas y la identidad de sus beneficiarios, la gran mayoría, mujeres. El registro, abierto sólo a jueces, fiscales y policía judicial, facilitará "información precisa" para los procesos y la mejora de la protección.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que regula el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica. "Entrará en vigor en los próximos días", aseguró el director general para la Modernización de la Justicia, Alberto Dorrego, que intervino en la redacción del texto. En este banco de datos se incluirán "todos los procedimientos penales incoados por violencia doméstica a partir de la puesta en marcha del registro, las órdenes de protección dictadas desde agosto y los procedimientos abiertos a raíz de ellas". "También se introducirán las condenas que se produzcan a partir de ahora o que arranquen de una orden de protección anterior", explicó Dorrego. "Cuando un juez admita a trámite una denuncia, ese caso se incluirá inmediatamente en el registro", añadió ese responsable del Ministerio de Justicia. En el registro se incluirán datos personales de los agresores y de las víctimas.

La creación de este banco de datos de ámbito nacional estaba incluida en la ley que puso en marcha, el pasado verano, la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica. Esta orden, aprobada por unanimidad en el Parlamento, permite a los jueces tomar medidas cautelares penales (como el alejamiento) y civiles (custodia de los hijos, por ejemplo) en un plazo máximo de 72 horas. Entre agosto y diciembre del año pasado, 6.004 personas han obtenido esa orden (una media de 39 diarias).

El real decreto define el registro como "un sistema de información" cuya "finalidad exclusiva" será facilitar "información precisa" para la tramitación de las causas penales y civiles, y para la adopción, modificación, ejecución y seguimiento de las medidas de protección a las víctimas. Dependiente del Ministerio de Justicia, que debe garantizar la integridad de los datos y nombrar a su responsable, el registro estará a disposición sólo de los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial.

Datos y condenas

La información contenida en el registro será de doble calibre. Por un lado, se anotarán los datos relativos a las sentencias: penas y medidas de seguridad impuestas por delitos y faltas de violencia doméstica que se produzcan en el futuro o las ya juzgadas a raíz del dictado de una orden de protección. Por otro lado, se incluirán las medidas cautelares y las órdenes de protección (suelen incluir ese tipo de medidas) ya acordadas en las causas penales en fase de investigación y aún sin juzgar.

A tenor del decreto, en ambos casos se inscribirán en el registro los datos personales del agresor (condenado o aún sin juzgar) y de la víctima, incluida la dirección y el DNI o pasaporte. Los secretarios judiciales serán los encargados de comunicar todos los datos, que se transmitirán por vía telemática al registro. "La normativa sobre el registro cuenta con el visto bueno de la Agencia de Protección de Datos, que también ha aprobado los sistemas de acceso y transmisión de la información", afirmó Dorrego. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Orden de Protección, la magistrada Montserrat Comas, también insistió en que está garantizado el derecho a la intimidad de quienes sean incluidos en el nuevo banco de datos, una herramienta "que contribuirá a luchar contra la violencia que padecen las mujeres". El año pasado, al menos 70 fallecieron a manos de sus maridos, novios o ex compañeros, según el recuento de este periódico.

El real decreto establece que podrán acceder a la información del nuevo banco de datos los juzgados penales y civiles y el ministerio fiscal que intervengan en los procesos o actuaciones abiertas por violencia doméstica. Podrán consultarlo directamente los secretarios de los juzgados afectados y los fiscales.

La Policía Judicial también podrá acceder "para el desarrollo de las actuaciones que le estén encomendadas en relación con la persecución y seguimiento de las conductas que tienen acceso a este registro". Se determinará qué agentes tendrán acceso. En todo caso, quedará constancia de la identidad de las personas que consultan el registro, de los datos que comprueban y del motivo que les lleva a ello, establece la norma.

Cancelación

La cancelación de las anotaciones sobre sentencias condenatorias firmes se realizará cuando prescriban los antecedentes (por el cumplimiento de la pena y del plazo de tiempo necesario para la cancelación de la condena). En el caso de las anotaciones por orden de protección, medidas cautelares, o procedimientos en tramitación, la cancelación será automática si la causa se archiva, sobresee o acaba en sentencia absolutoria.

La magistrada Comas, también presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, se mostró ayer satisfecha con la puesta en marcha del registro, una herramienta demandada desde hace tiempo por el observatorio.

Mientras el ministro de Justicia, José María Michavila, subrayaba que el registro será "un nuevo paso para defender a las víctimas", el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, dijo ayer que esa iniciativa "no está mal, pero llega tarde", informa Efe. "Me hubiese parecido mejor que, en vez de hacer un registro ahora, hubieran apoyado la ley que hicimos hace dos años en Castilla-La Mancha para publicar las sentencias firmes de quienes maltratan o asesinan mujeres", añadió. La Red de Organizaciones Femistas calificó la aprobación de "electoralista".