La ONU expresa su preocupación por el aumento de 'sin papeles' en España
Naciones Unidas señala como causas los cambios en la ley y el colapso de la Administración
La relatora especial de la ONU para los Derechos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, ha elaborado un informe demoledor sobre la situación de éstos en España. En el documento de 22 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, expresa su preocupación "por la creciente bolsa de irregulares", que atribuye a "la dificultad para frenar su llegada y para ejecutar su expulsión". Considera que los cambios en las leyes de extranjería y el aumento constante de los expedientes desbordan a la Administración, retrasan los trámites burocráticos y colocan a muchos inmigrantes en situación de irregulari...
La relatora especial de la ONU para los Derechos de los Migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro, ha elaborado un informe demoledor sobre la situación de éstos en España. En el documento de 22 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, expresa su preocupación "por la creciente bolsa de irregulares", que atribuye a "la dificultad para frenar su llegada y para ejecutar su expulsión". Considera que los cambios en las leyes de extranjería y el aumento constante de los expedientes desbordan a la Administración, retrasan los trámites burocráticos y colocan a muchos inmigrantes en situación de irregularidad.
Gabriela Rodríguez Pizarro calcula en 600.000 el número de sin papeles en España. Es una estimación moderada, ya que el cruce de los datos del Ministerio del Interior con los del padrón municipal eleva la cifra a 853.000.
La relatora "muestra su preocupación por las dificultades que encuentran los migrantes en situación irregular para regularizarse". Y resume en dos las razones de la bolsa de indocumentados: la entrada clandestina, agravada porque las órdenes de expulsión no son ejecutadas, y la "irregularidad sobrevenida", por retrasos en los trámites.
Respecto a la primera razón, señala que es debida "a la imposibilidad de documentar a los inmigrantes, por no existir consulado de su país o porque alegan venir de un país distinto para no ser devueltos. Al no ser ejecutada la orden de expulsión, generalmente son internados a la espera de la ejecución; transcurrido el plazo para la misma, quedan en libertad con la orden de salir del país, algo que normalmente no hacen".
En cuanto a la segunda causa, afirma que "un expediente [de regularización] puede tardar un promedio de ocho o nueve meses, incluso en algunos casos hasta dos años", denuncia que "algunos abogados se aprovechan de las dificultades de los migrantes, cobrando por facilitar trámites que son gratuitos" y revela que el Ministerio de Trabajo la informó de que "la tramitación de los permisos de Trabajo requiere mucho tiempo, sobre todo la primera renovación, ya que sobre ella se aplican numerosos controles".
Aunque reconoce que mientras se tramita el permiso el migrante puede trabajar, el informe recoge las quejas de afectados porque los empresarios no les renuevan el contrato si no tienen el permiso de trabajo en vigor, debido a que tienen miedo a las sanciones previstas para quien contrata a sin papeles. "A su vez, la existencia de un contrato de trabajo es requisito fundamental para renovar el permiso de trabajo, sin el cual no se puede obtener el permiso de residencia", añade.
También se muestra "muy preocupada" la relatora especial "por la contradicción existente entre el discurso político oficial en contra de la inmigración irregular y el tácito reconocimiento de una bolsa de irregulares a los que no se permite la regularización sino a través del sistema de arraigo, después de hasta cinco años, durante los cuales están totalmente desprotegidos frente a abusos y explotación".
Finalmente, critica "la imagen que se da en los medios de comunicación desde una perspectiva sensacionalista. (...) La tendencia a asociar migración y delincuencia es muy preocupante. Muchas veces se dan datos distorsionados sobre el porcentaje de migrantes detenidos sin explicar que la mayoría son detenidos por su situación administrativa irregular y no por hechos delictivos".
Rodríguez visitó España entre el 15 y el 27 de septiembre de 2003. Se reunió, entre otras personas, con miembros del Ejecutivo, representantes de los gobiernos autónomos y locales y mandos de las fuerzas de seguridad.