El municipalismo y la Generalitat

Éste era el título de un interesante artículo del profesor Subirats, publicado hace unos días (EL PAÍS, 8 de enero). En el mismo se partía de la existencia de un binomio absurdo entre nacionalismo y municipalismo, fruto del enfrentamiento partidista derivado de la correlación de fuerzas gobernantes en las distintas instituciones catalanas a partir de 1979. Previa defensa de la necesidad e importancia que debe darse al papel de las administraciones locales como prestadoras de servicios desde la proximidad, la reflexión del cualificado articulista acababa con la siguiente invocación: "Confiemos ...

Éste era el título de un interesante artículo del profesor Subirats, publicado hace unos días (EL PAÍS, 8 de enero). En el mismo se partía de la existencia de un binomio absurdo entre nacionalismo y municipalismo, fruto del enfrentamiento partidista derivado de la correlación de fuerzas gobernantes en las distintas instituciones catalanas a partir de 1979. Previa defensa de la necesidad e importancia que debe darse al papel de las administraciones locales como prestadoras de servicios desde la proximidad, la reflexión del cualificado articulista acababa con la siguiente invocación: "Confiemos en que sigamos construyendo Cataluña desde la fuerza de sus gobiernos locales. Nada sería peor que acabar concluyendo que el municipalismo de la izquierda catalana a lo largo de estos años era puro tacticismo".

Quisiera introducir en este debate de profunda actualidad algún matiz porque conviene dejar clara la posición histórica y actual de cada cual evitando que, a fuerza de repetición por parte de las autollamadas fuerzas progresistas y los círculos que les dan apariencia intelectual, se tenga por cierto e incontrovertido lo que desde nuestro punto de vista, evidentemente discutible, no se corresponde enteramente con la realidad. Esta es la misma práctica, utilizada profusamente estos días cuando se habla del nuevo Gobierno como heredero de una "tradicional unidad de las izquierdas" nunca existente, de la "normalidad de los gobiernos de coalición" olvidando que su normalidad deriva precisamente de su articulación en torno a la primera fuerza parlamentaria; de "las bondades de la alternancia" olvidando los problemas de la excesiva concentración de poder, del "Gobierno que sí representa al pueblo y a todos los ciudadanos", como si el anterior y sus mayorías respondieran a desconocidas voluntades, o del "Gobierno que realmente aspira a la cohesión social", negando la realidad y confundiendo, ahora sí, peligrosamente cohesión social con adscripción política.

No es cierto el dilema nacionalismo versus municipalismo porque el importante papel de los entes locales forma parte en esencia del nacionalismo y el personalismo de CiU. Y lo es no porque CiU haya gobernado y gobierne en la mayoría de municipios de Cataluña y sea la primera fuerza política en gran parte del territorio catalán, que de por sí ya podría ser un argumento. No es una cuestión de status de poder, es una cuestión de principios. Desde CiU siempre hemos defendido el principio de subsidiariedad. CiU siempre ha creído que la acción política debe centrarse y se justifica a partir de la defensa de la persona y su entorno natural, la familia, el municipio, la nación. CiU siempre ha defendido la prestación de servicios desde la proximidad. Ideas que ahora todas las fuerzas políticas defienden, aunque muchas hayan habido de pasar por un largo peregrinaje doctrinal desde la caída del muro de Berlín y la pérdida de los referentes tradicionales de la izquierda para llegar a este objetivo.

No hay duda de que las entidades locales deben desempeñar un papel fundamental, desde la proximidad, en la prestación de servicios a los ciudadanos. Tan cierta es esta afirmación como la que para ello deben disponer de una organización suficiente, unas competencias y una autonomía que les permita ser reconocidas para actuar como tales, y de unos recursos financieros adecuados a las prestaciones públicas que deben cubrir. Ello sólo es posible desde la lealtad institucional, la colaboración, la cooperación y la descentralización.

Por otro lado, es evidente que desde la Generalitat deben ejercerse con firmeza, no siempre comprendida, gobierne quien gobierne, las potestades públicas que sean necesarias basándose en el cumplimiento del interés general de Cataluña, a veces incompatible con el particular de un municipio concreto. Hay ejemplos recientes, tanto en materia de infraestructuras como de determinados equipamientos, que nos recuerdan la difícil tarea de armonizar todos los legítimos intereses en juego. Ciertamente, la formación del nuevo Gobierno, si tiene alguna virtud indudable, será la de ayudar a algunos a cruzar la frontera que va de la simple pancarta y el alentar conflictos territoriales, a la responsabilidad de gobernar, nunca al gusto de todos. No puede por tanto confundirse el necesario ejercicio de esta potestad por el anterior Gobierno de CiU con un rechazo al importante papel que deben ejercer las entidades locales.

No pueden ponerse al mismo nivel ni tampoco contraponerse ismos que responden a realidades, inquietudes y finalidades distintas. No es lo mismo hablar de catalanismo como traslación en Cataluña de nacionalismo que de municipalismo. Incluso el PP, partido nacionalista español, se erige en gran defensor del llamado municipalismo, con el único objetivo de sustraer capacidad política a determinadas autonomías como la catalana.

El llamado municipalismo de la izquierda ha respondido siempre a una determinada posición partidista, planteando como enfrentamiento político lo que debería haberse centrado en colaboración institucional. ¿Cómo se explica si no el papel que ha desempeñado desde un inicio la Diputación de Barcelona? ¿Por qué si no el PSOE -y el PSC- en su momento impulsó una Ley de Haciendas Locales, aprobada el día de los Santos Inocentes, que ha provocado la grave asfixia económica que todavía sufren nuestros ayuntamientos? ¿Por qué si no el PSOE, y el PSC, desde el Gobierno del Estado fue reduciendo cada año la participación en los ingresos de las corporaciones locales del Estado? ¿Por qué si no el PSC convirtió en un importante actor político, con himno y bandera, lo que debía ser un un simple y a la vez eficaz ente de prestación de servicios metropolitanos? ¿Por qué si no, una vez en el Gobierno de la Generalitat, el PSC ha olvidado las reivindicaciones de traspaso de competencias urbanísticas a favor de los ayuntamientos?

Me temo que la oportuna reflexión del profesor Subirats, al margen de las premisas que no comparto, no será escuchada por el tripartito. Quizá el tiempo demostrará que efectivamente unos actuaban por puro tacticismo y otros, sin duda con errores, falta de recursos y afortunadamente también muchos aciertos, continuaremos defendiendo, por convicción, el importante papel que deben tener los municipios y comarcas en el futuro de nuestro país.

Carles Puigdomènech Cantó es diputado de CiU en el Parlament de Catalunya.