El repunte de la delincuencia
La tasa de criminalidad se dispara durante el mandato popular a la vez que cae el número de efectivos de las fuerzas de seguridad
Menos policías y más población es igual a más delincuencia. Y si suben los delitos y bajan las plantillas de agentes del orden, aumenta el negocio de la la seguridad privada. La ecuación de la seguridad ciudadana se complica con la incógnita de la inseguridad subjetiva, esa sensación que interiorizan los ciudadanos cuando las mafias se ajustan las cuentas a tiros en las calles. Con esos datos, la seguridad ciudadana se ha convertido en el tercer problema que más preocupa a los españoles (sólo por detrás del paro y el terrorismo), en un caballo de batalla del PSOE y en un punto negro en la gest...
Menos policías y más población es igual a más delincuencia. Y si suben los delitos y bajan las plantillas de agentes del orden, aumenta el negocio de la la seguridad privada. La ecuación de la seguridad ciudadana se complica con la incógnita de la inseguridad subjetiva, esa sensación que interiorizan los ciudadanos cuando las mafias se ajustan las cuentas a tiros en las calles. Con esos datos, la seguridad ciudadana se ha convertido en el tercer problema que más preocupa a los españoles (sólo por detrás del paro y el terrorismo), en un caballo de batalla del PSOE y en un punto negro en la gestión de los Gobiernos del PP, que sólo a partir de 2002 empezó a tomarse en serio el problema.
El PP tuvo un plan. Se llamó Plan Policía 2000, un invento del ya ex director general de la Policía, Juan Gabriel Cotino, para llevar criterios de gestión privada a este servicio público. El diseño comenzó en 1999 y suponía embarcarse en una redistribución de efectivos, patrullaje de agentes en solitario (en moto) y descentralización. El plan se hizo tomando en cuenta la plantilla de 1996, 51.700 agentes, pero para cuando se puso en marcha eran sólo 47.400, con una media de edad de 46 años. No había funcionarios suficientes.
La Guardia Civil tuvo idénticos problemas. El instituto armado, dirigido desde 1996 hasta hoy por Santiago López Valdivielso, ha visto cómo su plantilla bajaba desde 74.553 agentes a 70.147 declarados ahora. La evidente sangría de personal en ambos cuerpos dejó el campo libre a un aumento de la delincuencia, sin precedentes desde los años 80. Si en 1996, año de la llegada al poder del PP, se conocieron 1.745.248 infracciones penales (delitos más faltas), 2003 concluyó con 2.003.123 (sin Cataluña).
El aumento del número de vigilantes privados de seguridad tampoco tiene precedentes. Las compañías del ramo estiman que el negocio puede seguir creciendo en los próximos años pero, aseguran, la mayor demanda de seguridad privada no obedece tanto al aumento de la delincuencia como al alza del nivel de vida.
Sea como sea, hoy día trabajan en España más de 90.000 guardas jurados, 27.000 más que en 1996. La facturación en este sector ha superado los 1.800 millones de euros, un 45% más que antes de la llegada de José María Aznar al Gobierno. Estos datos objetivos crearon una sensación de inseguridad en la ciudadanía, especialmente por el aumento de los delitos contra las personas (robos en casas y coches, tirones...). Pero la alarma se disparó cuando los ajustes de cuentas entre bandas rivales de delincuentes empezaron a dirimirse en las calles. Ladrones de coches ametrallados en una calle de Madrid, sicarios que disparaban a su víctima en la cabeza y huían en moto, tiroteos con las fuerzas de seguridad... Y ya reventó con la actuación de nuevos asesinos en serie, como el de la Baraja (seis asesinatos) o el de Valdepeñas (tres).
El Gobierno vio que la sangría de policías, el aumento de la delincuencia y su propia ambigüedad al atribuir a la inmigración parte de estos problemas iban a pasarle fractura, sobre todo cuando el PSOE enarboló la bandera de la seguridad ciudadana, tradicionalmente reservada a la derecha. El argumento socialista era que si baja la seguridad pública aumenta la privada, que sólo podrá pagar quien tenga recursos, lo que crea desigualdades.
Mariano Rajoy comenzó a elaborar en 2002 un plan de lucha contra la delincuencia, que fue puesto de largo por Aznar el 12 de septiembre de ese año y desarrollado por Ángel Acebes. El plan ha supuesto dar un vuelco al Código Penal de 1995, la extensión de los juicios rápidos y la convocatoria de casi 7.000 plazas anuales de guardias y policías (frente a las 1.000 de la época de Jaime Mayor Oreja).
El plan podía ser una solución, pero creaba otro problema. Entraba más gente en la cárcel que, además, tenía que estar más tiempo en ella. Ayer había 56.038 presos; al acabar 1996 los reclusos eran 44.312. Hay tres cárceles en camino, pero, como los nuevos guardias y policías, tardarán al menos dos años en estar en activo. Sí ha conseguido el Gobierno durante este año que baje la delincuencia, pero ha subido el tráfico de drogas y las mafias crecen, según todos los informes.
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