Un juez decreta la quiebra de Correo Argentino tras perder el servicio público
El juez argentino Eduardo Favier Dubois, a cargo del concurso de acreedores, decretó la quiebra de la sociedad anónima Correo Argentino, concesionaria del servicio público desde 1997 y que se quedó sin esta función por decreto del Ejecutivo el pasado 18 de noviembre. El juez prohibió la salida del país del empresario Francisco Macri, considerado "administrador de hecho", el ex presidente de la compañía Raúl Casa y los ex directivos Roberto Maffioli, Jorge Aguado y Manuel Sobrado. El juez ordenó además a los directivos de la sociedad que "en 24 horas entreguen los bienes que tuvieren en su pode...
El juez argentino Eduardo Favier Dubois, a cargo del concurso de acreedores, decretó la quiebra de la sociedad anónima Correo Argentino, concesionaria del servicio público desde 1997 y que se quedó sin esta función por decreto del Ejecutivo el pasado 18 de noviembre. El juez prohibió la salida del país del empresario Francisco Macri, considerado "administrador de hecho", el ex presidente de la compañía Raúl Casa y los ex directivos Roberto Maffioli, Jorge Aguado y Manuel Sobrado. El juez ordenó además a los directivos de la sociedad que "en 24 horas entreguen los bienes que tuvieren en su poder o informen el lugar de su ubicación". Correo Argentino controla un 38% del mercado postal, tiene 12.500 empleados y reconoce un pasivo estimado en unos 120 millones de euros.
La empresa de la que ahora se liquidarán sus bienes, está participada por Sideco Americana, una compañía del Grupo Macri, con el 69,23% de las acciones, el Banco Galicia con el 11,77% y el 5% en manos de la Corporación Financiera Internacional, y los empleados con un 14%, según el plan de Propiedad Participada. Correo Argentino se presentó a concurso de acreedores en septiembre de 2001, cuando tenía deudas por 300 millones de dólares y había pedido al juez más plazo para mejorar su oferta de pago.
El interventor designado por el Ejecutivo para administrar la empresa hasta que se realice un nuevo concurso público de ofertas en un plazo máximo de 180 días, estima que al fin del proceso de liquidación el Estado podrá quedarse con la mayoría de los bienes en su condición de principal acreedor. Según la empresa, "el juez se apresuró a tomar la decisión porque había un 60% de acuerdo con los acreedores".