El Parlamento aprueba en su penúltimo pleno las leyes de universidad, cooperación y bibliotecas

El Parlamento andaluz aprobó ayer, en el penúltimo pleno de la legislatura, las leyes de universidad, cooperación internacional y bibliotecas, con las que la Cámara da por cerrado el capítulo de aprobación de normativas, a falta de los proyectos de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2004 y el de medidas fiscales, que se verán los próximos días 22 y 23 de diciembre. En total, la Cámara autonómica ha aprobado 46 normas, siete de ellas a propuestas de los grupos parlamentarios, en sus cuatro años de trabajo.

Salvo la ley que regulará las Universidades andaluzas, las otras dos salie...

El Parlamento andaluz aprobó ayer, en el penúltimo pleno de la legislatura, las leyes de universidad, cooperación internacional y bibliotecas, con las que la Cámara da por cerrado el capítulo de aprobación de normativas, a falta de los proyectos de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2004 y el de medidas fiscales, que se verán los próximos días 22 y 23 de diciembre. En total, la Cámara autonómica ha aprobado 46 normas, siete de ellas a propuestas de los grupos parlamentarios, en sus cuatro años de trabajo.

Salvo la ley que regulará las Universidades andaluzas, las otras dos salieron aprobadas sin votos en contra de los grupos de la oposición y tras una tramitación por la vía de urgencia. La Ley Andaluza de Universidades (LAU), a la que se opuso el Partido Popular, pretende "minimizar" los efectos de la Ley de Ordenación Universitaria (LOU) aprobada por el Congreso y recurrida al Tribunal Constitucional por el Parlamento autonómico, según insistió el portavoz del PSOE Luis Ángel Hierro. El socialista negó las acusaciones del PP acerca de que la norma consolida un modelo intervencionista ya que, a juicio del popular Rafael Salas el proyecto legislativo "consagra las universidades a los designios del Gobierno andaluz, en una autonomía vigilada".

La LAU prevé la creación de la Agencia de Evaluación de Calidad, del Consejo Asesor de los Estudiantes Universitarios y la figura del Defensor Universitario. Entre sus fines se encuentran los de profundizar en el servicio público de estos centros.

Con mayor consenso salió aprobada la ley de Cooperación Internacional, la cual persigue básicamente una mayor coordinación de todos los fondos que destinan las Administraciones, instituciones y ONG andaluzas a los países en vías de desarrollo. La norma da cobertura jurídica a la "política propia" que el Gobierno andaluz viene desarrollando en materia de cooperación desde 1986. Todos los grupos dieron su visto bueno a la norma, aunque el PP, a través de su portavoz, Ana María Corredera, se quejó del exceso protagonismo del Gobierno andaluz en esta materia.

También sin votos en contra salió aprobada la ley del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, entre cuyos objetivos se encuentra la protección del patrimonio bibliográfico de la comunidad autónoma y el de ampliar el acceso de todos los ciudadanos a los registros culturales.

En el mismo pleno, la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, compareció a petición del PP para explicar el proyecto de ley de Fiscalidad Ecológica que el Gobierno acordó remitir al Parlamento, aunque sin tiempo material para su aprobación, a principios del actual periodo de sesiones. Los cinco impuestos verdes que contempla la ley se incluirán en la llamada ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Junta para 2004 a través de enmiendas del grupo socialista, una vía que fue criticada por el popular Salvador Fuentes porque, en su opinión, se "hurta el debate".

El diputado del PP aseguró que se trata de "una chapuza jurídica y política, echa deprisa y corriendo". Fuentes pronosticó que las nuevas figuras impositivas provocarán "un daño irreparable a las empresas y a la economía andaluza, al prevalecer el carácter fiscal y recaudatorio, mientras que no se incentiva a las empresas para que reduzcan sus emisiones contaminantes". Según los datos aportados por el parlamentario del PP, los impuestos verdes afectarán a un total de 700 empresas, un dato que negó de manera rotunda Magdalena Álvarez.

Según la consejera, los cinco tributos, con los que la Junta prevé recaudar 41 millones de euros, afectarán a 36 nuevos contribuyentes, de los que sólo uno (Enresa, que gestiona el cementerio de residuos radiactivos de El Cabril, en Córdoba) aportará el 39% de la recaudación. Magdalena Álvarez acusó al PP de intentar "asustar a los andaluces" con un supuesto impacto negativo de los tributos y aseguró que Andalucía es la única comunidad que incentiva, mediante desgravaciones, que las industrias inviertan en tecnología limpia y reduzcan los niveles de contaminación.