Telefónica encaja con "sorpresa y alarma" la creación de un operador público en Cataluña

Telefónica, en la que se ha apoyado el Gobierno catalán mediante un convenio para asegurar el acceso a la banda ancha a más del 90% de la población, no fue informada sobre la creación de un operador de telecomunicaciones público en Cataluña a pocos días de las elecciones. La decisión tomada el martes por la Generalitat causó "sorpresa" y "alarma" en la compañía, que antes de posicionarse sobre el plan espera más detalles de los que ayer le dio en tono tranquilizador el Ejecutivo catalán. Si en el proyecto ve competencia desleal, Telefónica no excluye acciones legales.

Por encima de las ...

Telefónica, en la que se ha apoyado el Gobierno catalán mediante un convenio para asegurar el acceso a la banda ancha a más del 90% de la población, no fue informada sobre la creación de un operador de telecomunicaciones público en Cataluña a pocos días de las elecciones. La decisión tomada el martes por la Generalitat causó "sorpresa" y "alarma" en la compañía, que antes de posicionarse sobre el plan espera más detalles de los que ayer le dio en tono tranquilizador el Ejecutivo catalán. Si en el proyecto ve competencia desleal, Telefónica no excluye acciones legales.

Por encima de las molestas y críticas reacciones a la decisión del Gobierno de Jordi Pujol -que se extendieron a los partidos de la izquierda (I V, ERC y PSC) y, sobre todo, al consorcio de ayuntamientos Localret (de 782 municipios que agrupan al 99% de la población)-, la creación de una empresa pública de telecomunicaciones sembró ayer una gran confusión por la indefinición sobre el alcance del proyecto.

Cuando el Consejo Ejecutivo del Govern dio luz verde a la iniciativa, explicó que creaba esta nueva empresa, bautizada como CaT-Telecom, para "garantizar que desde cualquier núcleo de población de Cataluña se pueda acceder a los servicios de telecomunicaciones avanzados", y también que se serviría básicamente de las infraestructuras viarias y ferroviarias públicas para "desplegar una red de fibra oscura de capacidad muy elevada". Esta red estaría a disposición de los distintos operadores de telecomunicaciones para "facilitarles su despliegue por el territorio". De estas explicaciones, algunas fuentes del sector dedujeron que el proyecto pretende beneficiar sobre todo a los pequeños operadores que no tienen capacidad inversora para cubrir toda la comunidad.

Red "complementaria"

Pero el alcance del plan no parece claro. Vista la alarma generada en Telefónica, que no sabe con qué nuevo escenario lidiar, el Ejecutivo de Pujol pareció querer ayer descafeinar el alcance de su propia iniciativa.

Así, explicó que la nueva sociedad no cuenta con una inversión prefijada, ni con un presupuesto concreto, ni tampoco con un periodo de ejecución cerrado (algunas fuentes lo interpretaban de inicio inmediato y otras alargaban el desarrollo a un largo periodo de hasta 15 años).

A este respecto, el secretario de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat, Jordi Alvinyà, señaló que esta nueva red, "complementaria" y "no alternativa" a la de Telefónica, será alquilada a todos los operadores, también al primer operador, "porque tendrá muchas más capilaridades que ni la misma Telefónica puede permitirse". Pero ésta no mostró ayer ningún interés por acceder a esta red.

Otros operadores del sector tampoco se atrevieron a pronunciarse sobre las bondades del proyecto, pero el desconcierto estaba extendido. Fuentes de este mercado tendían a atribuir el caso a una promesa electoral del Gobierno de CiU muy bien presentada que, ante el embrollo generado, no sabe ahora cómo resolver. Se da la circunstancia de que socialistas, ecosocialistas e independentistas habían previsto en sus ofertas electorales la idea de contar con un operador con capital público que hiciera de contrapeso a Telefónica. El consejero del ramo, Andreu Mas-Colell, había llegado a regañar a los ayuntamientos unidos bajo el paragua de Localret por sugerir que la inversión pública llegara en los núcleos de población aislados o menos densos que no salen rentables a los operadores. Tras tres años de presión, el Gobierno catalán convocó un concurso (a punto de resolverse) para que las empresas que quisieran llevaran la banda ancha a estos núcleos rurales con la solución tecnológica que escogieran, en función del territorio. La aportación pública al proyecto rozaría los 12 millones de euros.

El problema de fondo, para Localret, es el "estrepitoso fracaso" de la privatización del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat. Ésta adjudicó a France Télécom una parte del centro por 434 millones de euros, una oferta muy comentada por lo elevado de la cifra. Hoy, este operador, de nombre al-pi, prosigue su expansión gracias a una ampliación de capital que la salvó hace unos meses de la quiebra.