Editorial:

Burla burlando

El Parlamento Europeo investigará las causas y consecuencias del naufragio del Prestige, con la oposición del PP español, que también se opondrá hoy a la creación de una comisión sobre el mismo asunto en el Congreso de los Diputados. La investigación del Parlamento Europeo no se realizará bajo la fórmula de Comisión de Investigación, pero su tarea será similar. Ello ha sido posible gracias a que el grupo liberal y los conservadores franceses (muy sensibilizados por el tema) han sumado sus votos a los de la izquierda y los verdes, que ya en otras ocasiones habían planteado, sin éxito, la...

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El Parlamento Europeo investigará las causas y consecuencias del naufragio del Prestige, con la oposición del PP español, que también se opondrá hoy a la creación de una comisión sobre el mismo asunto en el Congreso de los Diputados. La investigación del Parlamento Europeo no se realizará bajo la fórmula de Comisión de Investigación, pero su tarea será similar. Ello ha sido posible gracias a que el grupo liberal y los conservadores franceses (muy sensibilizados por el tema) han sumado sus votos a los de la izquierda y los verdes, que ya en otras ocasiones habían planteado, sin éxito, la misma iniciativa.

El PP ha tratado de esquivar cualquier investigación. Se opuso a la iniciativa del PSOE de crear una comisión en Estrasburgo alegando que una resolución que estableciera responsabilidades de las autoridades españolas podría afectar a las ayudas solicitadas con cargo a fondos europeos. A ello se ha añadido ahora que podría también perjudicar la reclamación por daños planteada por España ante un Tribunal de Nueva York contra la empresa clasificadora que certificó la navegabilidad del Prestige. Lo primero es una falacia, porque esos fondos no están condicionados, y lo segundo un chantaje que, en el límite, obligaría a la oposición a silenciar sus críticas al Gobierno.

Cuando se propuso crear una comisión en el Congreso, también fue rechazada por la mayoría gubernamental con el argumento de que ya se había aprobado constituir una en el Parlamento de Galicia. Pero cuando esa comisión se disponía a iniciar sus trabajos, el Gobierno vetó la comparecencia de algunas de las personas que tomaron las decisiones más polémicas, alegando que dependían de la Administración central y no de la autonómica. Algunas de esas personas prestaron declaración, sin embargo, ante una delegación de la Asamblea Nacional Francesa, que sí había creado una Comisión de Investigación.

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Así, burla burlando, han pasado más de diez meses. Ayer, la ministra de Medio Ambiente se mostró dispuesta a comparecer en Estrasburgo si la convocan, pero tal vez todo sería más sencillo y democrático, menos oscurantista y confuso, si el PP aceptase hoy en el Pleno del Congreso la constitución de una comisión parlamentaria que investigue lo mismo que hará Estrasburgo: cómo se gestionó la crisis a la luz de las medidas aprobadas por la UE para prevenir este tipo de catástrofes.

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