La dificultad de la expropiación

El delegado municipal de Urbanismo de Sevilla, el socialista Emilio Carrillo, anunció la pasada semana que su departamento estaba estudiando la puesta en marcha de un programa especial para expropiar todas las viviendas de la ciudad que hayan estado desocupadas más de cinco años.

El Ayuntamiento calcula que en la capital hay entre 30.000 y 35.000 casas vacías, aunque el último censo de población y viviendas del Ministerio de Fomento, correspondiente al año 2001, eleva esta cifra hasta 39.416. En Sevilla, según este censo, hay 295.286 viviendas.

Desde el año pasado, el gobierno mu...

El delegado municipal de Urbanismo de Sevilla, el socialista Emilio Carrillo, anunció la pasada semana que su departamento estaba estudiando la puesta en marcha de un programa especial para expropiar todas las viviendas de la ciudad que hayan estado desocupadas más de cinco años.

El Ayuntamiento calcula que en la capital hay entre 30.000 y 35.000 casas vacías, aunque el último censo de población y viviendas del Ministerio de Fomento, correspondiente al año 2001, eleva esta cifra hasta 39.416. En Sevilla, según este censo, hay 295.286 viviendas.

Desde el año pasado, el gobierno municipal penaliza con un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de casas deshabitadas, pero los socialistas reconocen que esta medida ha tenido un efecto "nimio".

El programa que quiere poner en marcha el Ayuntamiento está basado en una iniciativa parecida del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que pretende sacar al mercado las viviendas en situación de ruina o claro abandono.

El plan del gobierno sevillano busca sin embargo acabar con las segundas residencias o con las casas adquiridas simplemente como una inversión y se aplicaría sólo en los casos en los que se pudiera demostrar que el propietario ha excluido voluntariamente su vivienda del mercado inmobiliario por motivos "especulativos", según Carrillo.

Al día siguiente de anunciar su plan, Carrillo reconoció que es posible que el gobierno municipal "no le encuentre hueco jurídico suficiente".