Los joyeros de Córdoba continúan sus protestas por la actuación de Hacienda en el 'caso del IVA'

Los joyeros de Córdoba se concentraron ayer ante la sede del PP, la última de la media docena de movilizaciones realizadas por la agrupación gremial San Eloy en las últimas semanas. Medio centenar de personas exigieron una vez más la paralización cautelar de las inspecciones y embargos que la Agencia Tributaria realiza a 250 empresarios del sector en Córdoba. El fisco les reclama 96 millones de euros por un presunto impago del IVA en la compra de oro.

Las inspecciones se centran en las compras diversos proveedores desde 1996 a 1999. Mientras que la Agencia Tributaria considera que los j...

Los joyeros de Córdoba se concentraron ayer ante la sede del PP, la última de la media docena de movilizaciones realizadas por la agrupación gremial San Eloy en las últimas semanas. Medio centenar de personas exigieron una vez más la paralización cautelar de las inspecciones y embargos que la Agencia Tributaria realiza a 250 empresarios del sector en Córdoba. El fisco les reclama 96 millones de euros por un presunto impago del IVA en la compra de oro.

Las inspecciones se centran en las compras diversos proveedores desde 1996 a 1999. Mientras que la Agencia Tributaria considera que los joyeros cordobeses podían no haber pagado el IVA de estas transacciones, los empresarios cordobeses aseguran que sí lo liquidaron.

No obstante, hasta que el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (Teara) resuelva las investigaciones, los joyeros de San Eloy exigen que se paralicen los embargos de forma cautelar. Lo solicitan, al menos, hasta que la Audiencia Nacional falle sobre una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los proveedores por un presunto fraude al no pagar el IVA de estas transacciones.

El presidente de este colectivo gremial, que agrupa a 166 empresarios del sector, Jesús López, explicó ayer que el proceso de la Audiencia Nacional es preferente ante las inspecciones de la Agencia Tributaria. Por ello, solicitó la suspensión cautelar de los embargos y las inspecciones. López precisó que hay una "incongruencia" entre el Ministerio de Hacienda y su Delegación en Córdoba, ya que "son informes del Ministerio" los que han propiciado la querella de Anticorrupción contra los proveedores.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción la estudia el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz de Polanco. Los joyeros de San Eloy se personaron en la causa hace año y medio y en estos días han pedido una cita con el juez para exponerle su caso.

Hasta ahora, una docena de empresas del sector, cuyas más de mil empresas emplean en Córdoba a unas 15.000 personas, han sido embargadas, según la asociación San Eloy. Una vez que la Agencia Tributaria levantó las actas de reclamación de las cantidades de IVA y los joyeros recurrieron al Teara, los empresarios tuvieron tres opciones: depositar la cantidad, presentar un aval o pedir la exención de aval por incapacidad económica.

Jesús López reconoció que "ha habido casos en los que se ha pasado el plazo y otros en los que el recurso de exención ha sido rechazado". Es por ello por lo que se han producido los embargos. No obstante, el presidente de la asociación San Eloy consideró que la preferencia de la querella penal de Anticorrupción debía haber paralizado las actuaciones administrativas del Ministerio de Economía. De ahí que el colectivo decida continuar con las movilizaciones, como la del próximo miércoles ante la delegación de Hacienda.