El Síndic de Greuges abre un expediente sobre las interrupciones de embarazo

La Sindicatura de Greuges ha abierto un expediente para estudiar la práctica de interrupciones voluntarias de embarazo en la Comunidad Valenciana, según ha podido saber este diario. A raíz de las comunicaciones y quejas recibidas por este organismo, la entidad que dirige Bernardo del Rosal ha decidido iniciar una investigación de oficio.

Esta iniciativa se ha tomado poco después de que la Consejería de Sanidad haya puesto en marcha un plan para impulsar las intervenciones en los hospitales dependientes de la red pública. El programa diseñado por Sanidad establece que las mujeres que des...

La Sindicatura de Greuges ha abierto un expediente para estudiar la práctica de interrupciones voluntarias de embarazo en la Comunidad Valenciana, según ha podido saber este diario. A raíz de las comunicaciones y quejas recibidas por este organismo, la entidad que dirige Bernardo del Rosal ha decidido iniciar una investigación de oficio.

Esta iniciativa se ha tomado poco después de que la Consejería de Sanidad haya puesto en marcha un plan para impulsar las intervenciones en los hospitales dependientes de la red pública. El programa diseñado por Sanidad establece que las mujeres que deseen poner fin a su embarazo acogiéndose al supuesto legal de peligro para su salud psíquica -el 98% de los casos- tendrán que ser evaluadas por un especialista en psiquiatría de una serie de hospitales públicos determinados por la consejería. Hasta el momento, dado que la mayoría de estas intervenciones se practicaban en centros privados concertados, eran los profesionales de las clínicas los encargados de las evaluaciones.

Días después de este cambio de rumbo impulsado por el departamento que dirige Vicente Rambla, la consejería planteó un concierto, dado que el anterior se había extinguido hacía dos años, para tener así una cobertura legal que permitiera "complementar" con medios privados la red pública, según Sanidad. Las clínicas han rechazado el concierto en Valencia y Castellón; no así en Alicante, donde la decisión de la clínica Levante ha arrastrado a otras tres. Los centros rechazan que en las intervenciones concertadas sean los especialistas de la red pública los únicos capacitados para examinar a las mujeres y no se les permita intervenir a sus profesionales.