Suspendida la expulsión del portavoz de los cuarteles de Sant Andreu

La Sala de lo Contencioso-administrativo admitió ayer a trámite un recurso de los abogados del portavoz de los cuarteles de Sant Andreu de Barcelona, Yerko Toro, en el que solicitan la suspensión cautelar de la ejecución de la orden de expulsión que le fue comunicada por la Delegación del Gobierno el pasado jueves.

El recurso admitido ayer por el presidente de la sala supone que la expulsión queda en suspenso hasta que se celebre la vista del recurso, probablemente el próximo día 28, según explicó ayer una de las abogadas de Toro, Arlette Pallés.

Pese a tener los permisos de resi...

La Sala de lo Contencioso-administrativo admitió ayer a trámite un recurso de los abogados del portavoz de los cuarteles de Sant Andreu de Barcelona, Yerko Toro, en el que solicitan la suspensión cautelar de la ejecución de la orden de expulsión que le fue comunicada por la Delegación del Gobierno el pasado jueves.

El recurso admitido ayer por el presidente de la sala supone que la expulsión queda en suspenso hasta que se celebre la vista del recurso, probablemente el próximo día 28, según explicó ayer una de las abogadas de Toro, Arlette Pallés.

Pese a tener los permisos de residencia y trabajo, Toro, de nacionalidad chilena, fue detenido por estancia ilegal el pasado día 7 tras participar en una manifestación junto a un centenar de los inmigrantes que malviven en el antiguo recinto militar. Desde entonces, el portavoz se encuentra en el centro de internamiento de La Verneda, en el distrito de Sant Martí.

La suspensión provisional de la expulsión de España del portavoz fue bien recibida ayer en los cuarteles. Sus ocupantes han criticado reiteradamente tanto la detención de Toro como la orden de expulsión, a las que consideran ilegales. La asamblea de los inmigrantes, en su mayoría magrebíes y subsaharianos, razona las críticas basándose en que el portavoz fue el único inmigrante detenido en una manifestación en la que participaron otros compañeros y en que está pendiente de renovación de sus papeles.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo remitió el jueves una resolución a la Delegación del Gobierno en la que aconseja que se paralice el proceso de expulsión de Toro y que se revise su situación legal.

El conflicto de los cuarteles de Sant Andreu, donde malviven entre 400 y 600 personas, entre okupas e inmigrantes, podría tocar fin durante el mes de septiembre, cuando se reanude el juicio con el que el Ministerio de Defensa, propietario de las instalaciones, pretende obtener una orden de desalojo.