El Gobierno rebaja de cinco a tres años el plazo para arrendar tierras

El plazo minimo para los arrendamientos rústicos bajará de cinco a tres años, según el proyecto de ley aprobado ayer por el Gobierno. Para el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se trata de una disposición que supondrá una mayor movilidad de la tierra al dar un equilibrio entre propietarios y arrendatarios. Para las organizaciones agrarias quitará seguridad al arrendatario y elevará el precio de la tierra.

La modificación de la legislación sobre los arrendamientos rústicos es una de las iniciativas contempladas en el programa de la Administración del PP para esta legislatura. ...

El plazo minimo para los arrendamientos rústicos bajará de cinco a tres años, según el proyecto de ley aprobado ayer por el Gobierno. Para el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, se trata de una disposición que supondrá una mayor movilidad de la tierra al dar un equilibrio entre propietarios y arrendatarios. Para las organizaciones agrarias quitará seguridad al arrendatario y elevará el precio de la tierra.

La modificación de la legislación sobre los arrendamientos rústicos es una de las iniciativas contempladas en el programa de la Administración del PP para esta legislatura. Esta futura ley se enmarca además en el desarrollo de una nueva política agraria que debe elaborarse a partir de la aprobación del llamado Libro Blanco de la Agricultura y Desarrollo Rural que ultima el Ministerio de Agricultura. La modificación de la actual normativa respondería igualmente a las situaciones que se puedan producir en el sector agrario en el futuro con la aplicación de la política de pagos desacoplados de las ayudas comunitarias y ante los riesgos de abandono de superficies de cultivo.

Actualmente, sobre una superficie agraria útil de unos 26 millones de hectáreas, el arrendamiento se estima superior a los nueve millones de hectáreas. Especialmente en las zonas dominadas por pequeños agricultores cerealistas, la casi totalidad de las explotaciones dependen de las superficies arrendadas.

En la elaboración de este proyecto de ley, Agricultura ha contado con la opinión de técnicos propios y expertos del sector. Los debates se han centrado en cómo lograr una mayor liberalización del régimen y una movilidad de la tierra. Las posiciones más radicales se inclinaban por bajar el periodo de cinco a sólo un año. Desde las posturas más agraristas se optaba por una rebaja a tres años con prórrogas de tres más como figura en el proyecto, como se ha establecido.

Para las organizaciones agrarias, ese plazo es un periodo corto. El secretario general de UPA, Fernando Moraleda, estima que no es necesario bajar el plazo a tres años para lograr más movilidad de la tierra y la seguridad de los propietarios.

En su opinión, con ese cambio se quita seguridad al arrendatario y puede provocar una subida de los precios de la tierra, algo negativo para la incorporación de los jóvenes. Para Antonio Castellanos, responsable de COAG en Castilla-La Mancha, el nuevo plazo no es bueno para el arrendatario, que puede frenar sus inversiones por falta de seguridad.

El proyecto de ley contempla igualmente una apertura total para que puedan ser arrendatarios tanto los profesionales del campo como las sociedades o personas jurídicas, que en los últimos años han aumentado su peso en la actividad agraria.

La política de arrendamientos rústicos constituye una de las cuestiones más polémicas en la actividad agraria, que ha tenido profundas modificaciones en las dos últimas décadas. En 1980, la ley de UCD contemplaba un periodo inicial de arrendamiento de seis años con prórrogas forzosas de hasta 21 años si el propietario, al término de cada periodo, no se comprometía a labrar directa y personalmente la tierra.

Igualmente, la ley exigía y se daba prioridad a los profesionales del sector para acceder a las tierras y se fijaban topes para evitar acumulación de las mismas. Con esa ley, la superficie arrendada se estabilizó en unos 5,6 millones de hectáreas

En 1995, el Gobierno socialista aprobó una nueva ley rebajando el plazo a cinco años. Esta modificación, supuso disparar las superficies arrendadas en tres años hasta ocho millones de hectáreas, proceso que se ha mantenido hasta la actualidad.