El Gobierno argentino inicia la reforma del sistema financiero
El FMI impone los cambios para cerrar un nuevo pacto
El Ejecutivo argentino puso ayer en marcha la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero, que, en un plazo máximo de 30 días, deberá iniciar "el reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios". El organismo estará integrado por funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, aunque la presidencia quedará en manos de la cartera que dirige Roberto Lavagna.
La reforma integral del sistema financiero y la revisión de las cuentas de la banca pública son dos de las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de retomar la d...
El Ejecutivo argentino puso ayer en marcha la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero, que, en un plazo máximo de 30 días, deberá iniciar "el reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios". El organismo estará integrado por funcionarios del Ministerio de Economía y del Banco Central, aunque la presidencia quedará en manos de la cartera que dirige Roberto Lavagna.
La reforma integral del sistema financiero y la revisión de las cuentas de la banca pública son dos de las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de retomar la discusión sobre un nuevo pacto con Argentina. Cuando a finales de agosto concluya la prórroga firmada el pasado enero para postergar pagos de deuda, el país austral debería pagar 3.391 millones de dólares al Fondo Monetario.
Según los técnicos del fondo, Argentina sobrepasó las metas fiscales "cuantitativas" comprometidas, pero no cumplió con una de las cláusulas "cualitativas": completar la reforma de la banca privada y a la vez iniciar la de la banca pública. En principio, se ha demorado la puesta en marcha del concurso para contratar una auditora externa para los bancos estatales. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Provincia de Buenos Aires se niegan a aceptar el control de las cuentas de sus bancos y una "revisión estratégica" que supone la participación accionaria de capitales privados.
De los tres bancos públicos más importantes del país, el de la Nación es el único que está bajo control del Gobierno federal. El de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Provincia de Buenos Aires responden a ejecutivos autonómicos que a su vez deben rendir cuentas ante sus legislaturas.Por su lado, los funcionarios del Banco Central aseguran que ya se hizo gran parte de la reestructuración en la banca privada. Desde que detonó la crisis a finales de 2001, los bancos cerraron 332 sucursales en todo el país y despidieron a unos 10.000 empleados.
Cierre de sucursales
Los sindicatos de empleados bancarios insisten en que el plan del FMI para la banca pública supone el cierre de sucursales, la pérdida de miles de puestos de trabajo y el fin de la asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, admitió que un nuevo acuerdo con el FMI comenzará a discutirse sólo "cuando el FMI apruebe la segunda revisión del programa económico que acaba de finalizar". Una mujer, Felisa Miceli, ocupará por primera vez el cargo de presidente del Banco de la Nación Argentina. Lavagna confirmó su designación el pasado martes y descartó de plano la temida "privatización" del banco.
Roque Fernández, ex presidente del Banco Central durante el primer mandato de Carlos Menem y luego sucesor de Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía durante el segundo, entre 1995 y 1999, advirtió sobre lo que considera "una innovación peligrosa". Según Fernández, portavoz de los sectores ultraliberales de la economía, con la creación de la nueva unidad "se le quita autonomía al Central, que tiene ya una oficina de superintendencia de bancos, y se le recorta capacidad de intervención en el sistema".