Los colombianos estafados por una red ilegal declaran que se les prometió trabajo y permisos

Hugo entregó en Colombia la cantidad equivalente a 1.000 euros en pesos a una mujer que le garantizó a cambio una carta de invitación para entrar en España, permisos laborales y de residencia, y un puesto de trabajo. Tras llegar a Vitoria vía Madrid, la hermana de esta intermediaria le trasladó a un piso que compartía con otras 14 personas abonando cada uno 25.000 pesetas mensuales y le recomendó estudiar las ofertas de empleo de la prensa.

Una versión como esta fue reproducida ayer, con ligeras variaciones, en 15 ocasiones en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria por otros tanto...

Hugo entregó en Colombia la cantidad equivalente a 1.000 euros en pesos a una mujer que le garantizó a cambio una carta de invitación para entrar en España, permisos laborales y de residencia, y un puesto de trabajo. Tras llegar a Vitoria vía Madrid, la hermana de esta intermediaria le trasladó a un piso que compartía con otras 14 personas abonando cada uno 25.000 pesetas mensuales y le recomendó estudiar las ofertas de empleo de la prensa.

Una versión como esta fue reproducida ayer, con ligeras variaciones, en 15 ocasiones en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria por otros tantos súbditos colombianos que acusaban a cuatro compatriotas de integrar una red de tráfico fraudulento de inmigrantes. Los denunciantes reconocieron que no firmaban en su país un documento que acreditara los compromisos verbales.

El comisario jefe de Extranjería de la capital alavesa corroboró ayer ante la jueza esta versión, en la primera jornada de la vista oral. Destacó que los detenidos en Vitoria formaban parte de una red de tráfico ilegal de inmigrantes más amplia con conexiones en Madrid y otras ciudades españolas. La defensa de los encausados cree, por su parte, que las 15 personas que han denunciado lo han hecho de manera conjunta para obtener beneficios, ya que los extranjeros que colaboran con la justicia para desenmascarar grupos de estas características consiguen permisos de residencia.

Tanto el Ministerio fiscal como la acusación particular piden tres años de prisión y multa a los tres inculpados por un delito de promoción y favorecimiento de la inmigración clandestina de trabajadores.