Bruselas declara ilegales parte de las ayudas otorgadas por el Gobierno ante la subida del gasóleo agrícola
La Comisión Europea ha declarado ilegales parte de las ayudas concedidas por el Estado español a los titulares de explotaciones agrícolas por la subida del precio del gasóleo, según informó ayer la Unió de Llauradors-COAG. La Comisión, además, pide "que todos los beneficiarios de las ayudas deberán devolver el importe de las mismas más los intereses".
La Comisión considera que las ayudas entregadas a los agricultores bajo la forma de bonificaciones de créditos y garantías "son incompatibles con la legislación comunitaria" y que el Gobierno español "no ha ofrecido ninguna información que...
La Comisión Europea ha declarado ilegales parte de las ayudas concedidas por el Estado español a los titulares de explotaciones agrícolas por la subida del precio del gasóleo, según informó ayer la Unió de Llauradors-COAG. La Comisión, además, pide "que todos los beneficiarios de las ayudas deberán devolver el importe de las mismas más los intereses".
La Comisión considera que las ayudas entregadas a los agricultores bajo la forma de bonificaciones de créditos y garantías "son incompatibles con la legislación comunitaria" y que el Gobierno español "no ha ofrecido ninguna información que demuestre una relación entre el alza del precio del petróleo y los daños sufridos por los agricultores". Las bonificaciones, según la Comisión "no parecen estar ligadas al incremento de los precios del carburante, sino que son puras ayudas al funcionamiento, incompatibles con el derecho comunitario".
Las ayudas tienen su origen en la fuerte subida del precio del gasóleo en lo últimos años. La Unió recordaba ayer, de hecho, que el gasóleo de uso agrícola incrementó su precio en España "más del 80% entre enero de 1999 y septiembre de 2000". Encarecimiento que supuso un incremento de los costes de producción y por ello una perdida de renta para los agricultores. Ante esta situación, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas tras la firma de un acuerdo, el 27 de septiembre de 2000, entre el Ministro de Agricultura, algunas organizaciones agrarias y cooperativas. Un acuerdo que no firmó COAG por considerarlas "insuficientes e inadecuadas". La UE, finalmente coincide con la opinión de COAG, que ayer reiteró que la solución " era un gasóleo agrícola profesional y no un parche chapucero". El secretario general de la Unió, Joan Brusca, considera que el Gobierno debe "asumir su responsabilidad en este asunto y posteriormente dar una respuesta de futuro con la definitiva implantación de un gasóleo profesional, al objeto de prever nuevas subidas de precios".