El Gobierno y la Junta fijan en 50 millones el coste anual del traspaso de las políticas activas de empleo

Al traspaso de las políticas activas de empleo sólo le queda la firma y la foto. Las delegaciones del Gobierno central y la Junta de Andalucía cerraron ayer en Madrid las pocas cuestiones técnicas que habían quedado por resolver tras el intenso proceso negociador del último mes. La directora general de Política Autonómica de la Administración central, Isabel Benzo, indicó que el acuerdo final recoge un pago anual de 50,4 millones de euros a la Junta para financiar la estructura que gestionará las políticas activas. "Todo está cerrado, hay un acuerdo absoluto", explicó el consejero de Empleo, J...

Al traspaso de las políticas activas de empleo sólo le queda la firma y la foto. Las delegaciones del Gobierno central y la Junta de Andalucía cerraron ayer en Madrid las pocas cuestiones técnicas que habían quedado por resolver tras el intenso proceso negociador del último mes. La directora general de Política Autonómica de la Administración central, Isabel Benzo, indicó que el acuerdo final recoge un pago anual de 50,4 millones de euros a la Junta para financiar la estructura que gestionará las políticas activas. "Todo está cerrado, hay un acuerdo absoluto", explicó el consejero de Empleo, José Antonio Viera, quien adelantó que la Comisión Mixta de Transferencia se reunirá "en cuestión de días".

El consejero de Empleo explicó que el acuerdo se había alcanzado tras una maratoniana jornada de negociaciones, que comenzó con una primera reunión de los grupos de trabajo por la mañana. Luego hubo un encuentro entre el propio Viera y la secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo, Carmen de Miguel, que culminó por la tarde con otro encuentro final.

Viera recordó que el acuerdo se basa en las cifras que ya fueron admitidas por el Ministerio de Trabajo hace dos años: se traspasarán 1.630 trabajadores, 190 oficinas y dos centros de formación para gestionar los programas de las políticas activas de empleo (escuelas-taller, casas de oficios, talleres de empleo, agentes de desarrollo). El Gobierno asigna cada año 240 millones de euros a Andalucía para financiar estas políticas, que hasta ahora gestionaba el Inem (ahora sólo quedan Murcia y el País Vasco por recibir esta competencia).

El Gobierno central desblo-queó el traspaso a finales de año y fijó para el 1 de mayo la fecha de la transferencia efectiva de esta competencia. Una reunión entre el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, a principio de mes, aceleró el proceso negociador. El consejero se mostró ayer "muy contento" por la culminación de este proceso "de enorme importancia para Andalucía, tras un largo proceso en el que al final se ha impuesto la paciencia". El traspaso de las políticas activas de empleo a Andalucía ha sido una promesa recurrente de los ministros de Trabajo del PP desde 1997.

Viera indicó que ahora sólo queda buscar un hueco en las agendas de Chaves, Zaplana y el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, para formalizar el traspaso.

En la reunión de ayer, las delegaciones de la Junta y el Gobierno establecieron la redacción final de los decretos de traspaso, que incluirán una mención a una futura colaboración entre ambas Administraciones para cogestionar el antiguo Plan de Empleo Rural, repasaron la lista definitiva de los funcionarios del Inem incluidos en el traspaso y cerraron las últimas cifras sobre costes indirectos.

El traspaso incluirá un pago anual de 36,5 millones de euros para sufragar las nóminas y los costes indirectos ocasionados por la labor de los 1.630 funcionarios. Además, el Gobierno central transferirá 9,6 millones anuales para financiar los gastos de funcionamiento de las oficinas y otros 4,2 millones al año para cubrir las inversiones necesarias en los edificios. Estas partidas suman los 50,4 millones a los que ayer hizo referencia la directora de Política Autonómica como "coste efectivo" anual del traspaso.

La Junta también recibirá este año, en un solo pago, 6,6 millones para completar las obras en marcha en estas oficinas y otros 23 millones de euros que corresponden a una partida de modernización de los servicios públicos de empleo que había sido repartida entre las comunidades autónomas que tenían ya esta competencia.