Hacienda multará con el 5% de las ventas a empresas que no colaboren con la inspección
La nueva Ley General Tributaria da un paso más en las atribuciones de Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal. La medida más dura prevé la posibilidad de multar con hasta el 5% de la facturación, con un mínimo de 15.000 euros, a las sociedades que no colaboren con la inspección; es decir, cuando pretendan "dilatar, entorpecer o impedir" su labor. Esta multa está prevista, en concreto, para los casos en que no se facilite la información requerida por Hacienda después de varios avisos.
Otro de los aspectos polémicos declara a las empresas que subcontraten obras o prestación de servic...
La nueva Ley General Tributaria da un paso más en las atribuciones de Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal. La medida más dura prevé la posibilidad de multar con hasta el 5% de la facturación, con un mínimo de 15.000 euros, a las sociedades que no colaboren con la inspección; es decir, cuando pretendan "dilatar, entorpecer o impedir" su labor. Esta multa está prevista, en concreto, para los casos en que no se facilite la información requerida por Hacienda después de varios avisos.
Otro de los aspectos polémicos declara a las empresas que subcontraten obras o prestación de servicios responsables subsidiarias de las deudas tributarias del subcontratado. La cuantía de la responsabilidad será la que corresponda a retenciones del IRPF y al IVA que se origine en la obra o servicio subcontratado. La responsabilidad subsidiaria significa que Hacienda sólo puede actuar contra el que subcontrata después de intentar cobrar la deuda con el subcontratado. El procedimiento ya existe en las deudas con la Seguridad Social y ahora se extiende a las que se contraen con Hacienda.
Esta medida está prevista para las empresas, sobre todo constructuras, que delegan en otras creadas por ellas mismas algunas obras. Cuando se terminan las obras, las nuevas empresas desaparecen sin pagar las retenciones de sus trabajadores e ingresar el IVA que han aplicado en sus operaciones. Para este tipo de fraude, muy extendido en los últimos años, la nueva ley amplía también los supuestos en que se pueden aplicar los llamados embargos preventivos.
Esta posibilidad está ya contemplada cuando la inspección cree que puede encontrar dificultades en el cobro de la deuda, aunque no haya terminado la comprobación. La novedad es que se podrá impedir a la empresa vender sus bienes y se le podrá retener una parte de los pagos a terceros. La nueva ley, aprobada el pasado viernes por el Gobierno, está pendiente de tramitación parlamentaria y contempla un nuevo régimen de sanciones (el 50% de descuento en el caso de existir acuerdo con la inspección, el 30% en las actas de conformidad y un 25% por pronto pago).
Malestar de los inspectores
En contraste con este endurecimiento normativo, los inspectores de Hacienda denunciaron ayer en un comunicado que la lucha contra el fraude está centrada en los pequeños contribuyentes, en lugar de en las grandes empresas. Las normas aprobadas "en los últimos tiempos", dice Apife, la asociación que agrupa a la mayoría del colectivo, "entorpecen en gran medida la lucha contra el fraude. Los inspectores reivindican mejoras salariales y en su carrera administrativa, sin que las recientes negociaciones con los responsables del ministerio hayan llegado a buen puerto. El próximo lunes decidirán si adoptan medidas de presión.