El fiscal exculpa a 4 cargos de la confederación en el caso del Segura

El fiscal ha exculpado a los cuatro cargos públicos imputados por un delito contra el medio ambiente derivado de vertidos contaminantes al cauce del río Segura. El ministerio público no aprecia "indicios" de delito respecto a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y únicamente acusa a los siete empresarios supuestos autores de los vertidos. No obstante, la juez instructora ha decretado apertura de juicio contra los 11 querellados iniciales, para los que la acusación particular pide cuatro años de cárcel.

En su escrito de calificación inicial remitido al Juzga...

El fiscal ha exculpado a los cuatro cargos públicos imputados por un delito contra el medio ambiente derivado de vertidos contaminantes al cauce del río Segura. El ministerio público no aprecia "indicios" de delito respecto a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y únicamente acusa a los siete empresarios supuestos autores de los vertidos. No obstante, la juez instructora ha decretado apertura de juicio contra los 11 querellados iniciales, para los que la acusación particular pide cuatro años de cárcel.

En su escrito de calificación inicial remitido al Juzgado número 1 de Orihuela, el fiscal del caso, Ricard Cabedo, solicita el sobreseimiento de las diligencias practicadas contra el actual presidente de la CHS, Juan Cánovas, su antecesor en puesto, Antonio Nieto, el comisario de Aguas, José Alemán, y el anterior titular del cargo, Luis Pérez.

Los cuatro cargos públicos, junto a siete empresarios, fueron imputados a raíz de una investigación abierta de oficio en 2001 por Francisca Martínez, titular del mencionado juzgado. La magistrada instruía por esas fechas otra denuncia por vertidos de lodos al río y optó por abrir la segunda causa tras observar el elevado grado de contaminación del río a raíz de una inspección ocular sobre el terreno. En la causa se personaron dos acusaciones particulares: el colectivo Pro-Río y el grupo Ecologistas en Acción.

El ministerio público ha retirado la acusación a los responsables de la Confederación al no apreciar "indicio penal" en su conducta y sólo mantiene la imputación a los siete industriales. El fiscal pide para seis de los procesados cuatro años de prisión y otros tantos de inhabilitación, y justo la mitad para el séptimo industrial acusado. Esta parte también pide la clausura de las fábricas por espacio de dos años. Los empresarios son titulares de fábricas de diversas actividad -plásticos, vidrios y conservas- ubicadas a lo largo del cauce a su paso por la Vega Baja.

La acusación que ejerce Pro-Río sólo ha solicitado el procesamiento de los cuatro cargos públicos para los que pide cuatro años de prisión. Esta parte ha exculpado a los empresarios por considerar que los responsables de polución del río son el conjunto de industrias que vierten de manera indiscriminada, "y no sólo los siete industriales procesados", precisó un portavoz del colectivo. Esta entidad eludió ayer valorar el escrito de calificación del fiscal a la espera de analizar el documento con mayor precisión y con el asesoramiento de sus abogados. La segunda acusación particular pide el procesamiento de los 11 querellados y penas de cuatro años de cárcel para cada uno de ellos.

Fuentes cercanas a los cargos públicos de la Confederación expresaron ayer su satisfacción por la actitud del fiscal y abundaron en su inocencia. Estas fuentes subrayaron que no han cometido el delito que les imputa la acusación particular, "como demuestra la decisión del fiscal al pedir el sobreseimiento de la causa respecto a nosotros".

Durante la instrucción del sumario, aparte de los cargos públicos imputados, también comparecieron en el juzgado otros representantes institucionales, como el alcalde Orihuela o dirigentes del Ministerio de Medio Ambiente. Todos ellos desplegaron una estrategia común: no contestar a las preguntas. La primera denuncia por contaminación del Segura, la del vertido de lodos, se ha cerrado con una mínima condena: seis meses de cárcel para un técnico de la CHS y un empleado de un empresa privada.