Los jueces activarán la ayuda social urgente a las maltratadas

Ofrecer toda la asistencia desde el primer momento. Es la meta de la orden de protección a las mujeres maltratadas, un nuevo instrumento jurídico que ayer anunció el ministro de Justicia. Este mandato judicial activará los mecanismos de protección en un plazo máximo de 72 horas tras la denuncia. Además, el Gobierno quiere acordar con las comunidades una atención mínima equiparable para las víctimas.

El titular de Justicia, José María Michavila, anunció el nuevo instrumento ante la subcomisión del Congreso encargada de consensuar las medidas de lucha contra la violencia que sufren las mu...

Ofrecer toda la asistencia desde el primer momento. Es la meta de la orden de protección a las mujeres maltratadas, un nuevo instrumento jurídico que ayer anunció el ministro de Justicia. Este mandato judicial activará los mecanismos de protección en un plazo máximo de 72 horas tras la denuncia. Además, el Gobierno quiere acordar con las comunidades una atención mínima equiparable para las víctimas.

El titular de Justicia, José María Michavila, anunció el nuevo instrumento ante la subcomisión del Congreso encargada de consensuar las medidas de lucha contra la violencia que sufren las mujeres a manos de sus parejas o ex parejas. Esta lacra ha costado la vida a nueve mujeres en lo que va de año.

Ante los periodistas, Michavila señaló que la nueva herramienta tiene como misión "amparar y tutelar a las víctimas, informarles de sus derechos y ofrecerles ayuda". La orden será un instrumento para coordinar las actuaciones judiciales y de protección social a las agredidas. Debe impulsar la adopción de medidas cautelares inmediatas (entre ellas el alejamiento del agresor) y el ofrecimiento de atención especializada a las mujeres.

Los jueces serán los encargados de dictar la orden de protección en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la denuncia. Este mandamiento "activará los mecanismos de protección integral" y permitirá que las víctimas estén informadas sobre el cumplimiento de la condena de los agresores, explicó Michavila. La orden se incorporará al registro del Observatorio sobre la Violencia Doméstica. Este organismo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está encargado de hacer un seguimiento de las sentencias y los autos de medidas cautelares.

El ministro espera que la nueva medida entre en vigor en mayo próximo. Se incluirá en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, junto con la del Código Penal, debe servir para atajar la delincuencia, según confía el Gobierno. Sin embargo, el establecimiento de la orden de protección no figura en el anteproyecto de ley que prevé las citadas reformas y que ya se ha enviado al CGPJ, señalaron en este organismo judicial.

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Eduardo Zaplana, quien también compareció ante la subcomisión del Congreso, aseguró que el próximo 6 de marzo planteará a las comunidades autónomas la posible creación en todo el territorio nacional de un fondo de alimentos. Estaría destinado a las mujeres maltratadas que dependen económicamente de sus agresores, lo que supone un freno para denunciar. Zaplana señaló que algunas autonomías ya habían tomado esta medida. "Si hay un acuerdo con las comunidades autónomas será más fácil generalizarla", dijo.

Servicios mínimos

El titular de Trabajo también quiere establecer con las comunidades una carta de derechos y los servicios sociales mínimos con que deben contar las mujeres maltratadas independientemente de la zona de España en que habiten.

Por su parte, el diputado socialista Diego López Garrido urgió al Gobierno a establecer el fondo de alimentos en la presente legislatura. Según este miembro de la subcomisión, las medidas adoptadas por el PP contra la violencia doméstica son "un fracaso". "En lo que va de año ha muerto una mujer cada tres día. De seguir así, se duplicarán las víctimas en 2003", advirtió.