La presión fiscal sobre las familias bajará un 11% de media con el nuevo IRPF

Un mes después de que el Congreso de los Diputados aprobara definitivamente la nueva ley del IRPF para el territorio estatal, las haciendas vascas han respondido con su propia reforma. En lo básico, hay escasas variaciones con respecto al resto de España. Las familias vascas se ahorrarán una cantidad similar, en torno al 11% de media, en el pago de impuestos, una rebaja que mermará en unos 185 millones de euros la recaudación de las administraciones vascas, que éstas esperan compensar con "una mayor actividad económica".

Las diputaciones de Vizcaya y Álava aprobaron ayer mismo sus respe...

Un mes después de que el Congreso de los Diputados aprobara definitivamente la nueva ley del IRPF para el territorio estatal, las haciendas vascas han respondido con su propia reforma. En lo básico, hay escasas variaciones con respecto al resto de España. Las familias vascas se ahorrarán una cantidad similar, en torno al 11% de media, en el pago de impuestos, una rebaja que mermará en unos 185 millones de euros la recaudación de las administraciones vascas, que éstas esperan compensar con "una mayor actividad económica".

Las diputaciones de Vizcaya y Álava aprobaron ayer mismo sus respectivos proyectos, que coinciden "en un 99%" del contenido. Guipúzcoa esperará a la semana próxima. Así, se pueden iniciar ya los trámites parlamentarios en las respectivas Juntas Generales para que la reforma se pueda aprobar definitivamente en marzo, antes de que se disuelvan los legislativos provinciales y comience la campaña electoral. Los cambios tendrán efectos retroactivos al 1 de enero, afectarán a las retenciones de este año, cuya cuantía exacta se aprobará más adelante, y a la Declaración de la Renta que se realice en 2004.

El proyecto parte con un consenso suficiente. Lo han acordado las tres haciendas forales y el Gobierno vasco, por lo que cuenta con el apoyo del PNV y PP. En el trámite en las Juntas es posible que se introduzcan algunos cambios. De momento, el portavoz de IU en las Juntas de Álava -socio del PNV en el Gobierno vasco- ha anunciado su oposición al proyecto porque supone "un calco del impuesto de Madrid" y, según José Miguel Fernández, porque "cuando el PP da dos pasos hacia la derecha en materia tributaria el PNV le sigue con los ojos cerrados". Los partidos que respaldan el acuerdo, en cambio, defienden la reforma por su carácter "progresivo" y porque ahonda en la "redistribución" de los recursos.El IRPF ha cambiado en casi todos sus apartados y, según las diputaciones, beneficiará a "todos" los contribuyentes. Los tipos de gravamen se reducen en todos los tramos en torno al 2%. De esta forma, las rentas más bajas tributarán a un tipo del 15%, igual al del Estado (hasta ahora era del 17%, un punto menos que en el resto de España). A las rentas más altas, las que superan los 60.000 euros anuales, se les rebaja el tipo desde el 50% actual hasta el 48%, tres puntos por encima de territorio común. En total, se siguen manteniendo seis tramos de renta.

No tendrán la obligación de presentar la declaración quienes no lleguen a los 8.500 euros anuales de renta (hasta ahora el límite se situaba en 7.360 euros). También quedan exentas de incluir en la declaración conceptos que antes sí había que detallar, como ciertas ayudas institucionales por razones extraordinarias: ayudas a la cooperación y al desarrollo, a la conciliación de la vida familiar y laboral, al acogimiento de menores, a víctimas del terrorismo, la renta básica,...

Las normas aprobadas ayer establecen algunas medidas concretas diferentes entre Álava y Vizcaya, aunque de menor cuantía. Así, Álava exime también de declarar ayudas específicas que otorga la Diputación, como el peaje social de la autopista A-68 (con un límite de 350 euros de exención), el transporte de universitarios, la adquisición de libros de texto o la conexión de ordenadores a Internet de alta velocidad. Vizcaya y Guipúzcoa eximen el peaje blando de la A-8.

En el grueso, ambas normas son iguales. Intentan beneficiar a algunos colectivos como las personas mayores, rescatando una antigua deducción, suprimida en la anterior reforma, que prima a los mayores de 65 años y, aún en mayor cuantía, a quienes tengan más de 75 años. Los discapacitados son otro de los colectivos favorecidos.

El nuevo impuesto intenta fomentar el ahorro familiar. Para ello, todas las plusvalías procedentes de bienes adquiridos con más de un año de antelación tributarán al 15% en lugar de al 18%. Ello afecta, por ejemplo, a inmuebles o acciones. Idéntica situación se da en las entidades de previsión social voluntaria (EPSV), que pasan también a tributar al 15%. Se equiparan las ventajas de los fondos de inversión a las EPSV y ya no se penalizará a quienes trasladen de una entidad a otra sus fondos de inversión.

Igualmente se ha introducido una novedad copiada de la ley estatal y que beneficia a los grandes propietarios. Desde este año, el límite conjunto entre el IRPF y el impuesto sobre el Patrimonio no podrá exceder del 60% de la base imponible (hasta ahora era del 70%). Es decir, la cuota que un mismo contribuyente pague por IRPF, más la correspondiente al impuesto sobre el Patrimonio tendrá como límite el 60% de los ingresos declarados a efectos de la Declaración de la Renta.

El nuevo impuesto flexibiliza más las condiciones de las cuentas de ahorro vivienda, al permitir que se abran durante un año más, hasta un total de seis. Además, se podrá cambiar de entidad financiera sin coste alguno.

Novedades en vivienda

La norma introduce pocas novedades en materia de vivienda. Mantiene las ventajas actuales, además de mejorar las condiciones a quienes pagan un alquiler de su residencia habitual. Las diputaciones querían mejorar el tratamiento a las familias numerosas y, de hecho, habían acordado una medida. Sin embargo, han apreciado fallos en la aplicación, con lo cual esperan corregirlo y mejorarlo en el trámite de enmiendas.

Las familias con hijos ven aumentar las ayudas dependiendo del número de descendientes. Álava, en principio, aplica una subida mayor, aunque el PP ha pedido en Vizcaya que se igualen las cifras de las ayudas. Un asunto polémico puesto en marcha en el Estado es la ayuda de 100 euros mensuales a las madres o padres que trabajen fuera de casa y tengan hijos de menos de tres años. En el País Vasco no se aplicará. En cambio, sí se ha aprobado una bonificación de 325,75 euros que alcanza a todos los trabajadores.

El acuerdo entre el IRPF es total entre las diputaciones y el Gobierno. Sin embargo, queda un fleco importante: la negociación del Impuesto de Actividades Económicas. Todos están de acuerdo en eliminar el IAE, pero no en qué institución se hará cargo del gasto que supone. La Diputación de Álava insistió ayer de nuevo en exigir al Gobierno vasco que costee el 100%. "El Ministerio de Hacienda", explicó el diputado alavés Juan Antonio Zárate, "compensará toda la repercusión, aunque se quede con el 60% de los tributos, frente al 70,44% del Gobierno vasco".