Corresponsabilidad social

La sentencia del Tribunal Constitucional respecto al suplemento establecido en diciembre de 1998 de las pensiones no contributivas en Andalucía para 1999 respalda el derecho de la Junta a instrumentar ayudas sociales en el marco de sus competencias. El conflicto se planteó en marzo de 1999, cuando el Estado central vio en el establecimiento de la ayuda complementaria una vulneración de sus competencias exclusivas en materia de régimen económico y legislación básica de la Seguridad Social. El alto tribunal viene a señalar que la concesión de ayudas específicas se encuadra en la competencia de A...

La sentencia del Tribunal Constitucional respecto al suplemento establecido en diciembre de 1998 de las pensiones no contributivas en Andalucía para 1999 respalda el derecho de la Junta a instrumentar ayudas sociales en el marco de sus competencias. El conflicto se planteó en marzo de 1999, cuando el Estado central vio en el establecimiento de la ayuda complementaria una vulneración de sus competencias exclusivas en materia de régimen económico y legislación básica de la Seguridad Social. El alto tribunal viene a señalar que la concesión de ayudas específicas se encuadra en la competencia de Asuntos Sociales, que ostenta la Junta y que por tanto no vulnera la que el Estado tiene en materia de Seguridad Social.

El tema, que en términos políticos tiene enjundia suficiente, es lamentablemente poco significativo en términos económicos. La modesta cuantía de la ayuda complementaria, 56,47 euros para todo el año, beneficiaba a unos 107.500 andaluces perceptores de pensiones no contributivas, lo que suponía un gasto de unos seis millones de euros. Sin embargo, viene a llamar la atención sobre una cuestión mucho más relevante: lo que reciben los pensionistas y cómo las distintas administraciones inciden sobre ello. Todos debemos asumir que las comunidades autónomas tienen mayoría de edad desde hace tiempo y que pueden hacer política económica y social en el marco de la Constitución. Las llamadas a la corresponsabilidad en la política impositiva que tan a menudo se hacen desde el Estado también deben asumirse en la vertiente del gasto, reconociendo el papel de las distintas administraciones.

Alguien dijo que el grado de civilización de una sociedad se mide por cómo trata a sus mayores. La falta de complicidad entre administraciones no debería poner en entredicho objetivos básicos como la asistencia a ciertos colectivos. Tampoco resulta óptimo que estas medidas sigan calendarios electorales o tengan carácter extraordinario, como el ya famoso decreto de la Junta. La situación del sistema de protección social en España reclama a gritos un nuevo consenso que, basándose en un núcleo común, permita la mejora de la atención a tramos de población cada vez más numerosos sin necesidad de innecesarios conflictos de competencias.

Rodrigo Buenaventura es consejero delegado de Consultores de Administraciones Públicas (Grupo Analistas) www.grupoanalistas.com