Un juez de EE UU reconoce el derecho de un detenido de Al Qaeda a defenderse
El Gobierno de George W. Bush sufrió ayer un importante revés judicial en su política de detención indefinida de los sospechosos de terrorismo. Un juez federal reconoció el derecho a la defensa legal de un detenido con nacionalidad estadounidense recluido en una prisión militar de Carolina del Sur. La decisión no es aplicable a los prisioneros que se encuentran en la base de Guantánamo, pero sí puede tener repercusiones en los que están en cárceles militares dentro de Estados Unidos.
José Padilla fue arrestado en mayo en el aeropuerto O'Hare de Chicago bajo sospechas de pertenecer a la ...
El Gobierno de George W. Bush sufrió ayer un importante revés judicial en su política de detención indefinida de los sospechosos de terrorismo. Un juez federal reconoció el derecho a la defensa legal de un detenido con nacionalidad estadounidense recluido en una prisión militar de Carolina del Sur. La decisión no es aplicable a los prisioneros que se encuentran en la base de Guantánamo, pero sí puede tener repercusiones en los que están en cárceles militares dentro de Estados Unidos.
José Padilla fue arrestado en mayo en el aeropuerto O'Hare de Chicago bajo sospechas de pertenecer a la organización terroristas Al Qaeda y de estar conspirando para detonar una bomba sucia (un explosivo con elementos radioactivos) en Washington, pero el Gobierno nunca ha llegado a formular cargos en su contra. Primero lo recluyeron en una cárcel federal, lo cual le hubiera dado derecho a recurrir su arresto, y posteriormente el propio presidente George W. Bush le declaró "combatiente enemigo", categoría que equivale a dejarlo en un limbo legal, sin garantías procesales.
El fallo emitido ayer por el juez Michael Mukasey restablece su derecho a tener un abogado, aunque al mismo tiempo ratifica la autoridad del Pentágono para detener a "combatientes enemigos". El magistrado señaló que era una decisión preliminar hasta que estudiara el caso más a fondo. El Departamento de Justicia sostiene que no tiene necesidad de un abogado "porque no está acusado de nada".
La organización humanitaria Amnistía Internacional aseguró que "la Administración no puede establecer su zona libre de derechos".