La demagogia de los hechos

El llamado poder valenciano del Partido Popular se disuelve como los azucarillos de sus aficiones zarzueleras. Nada mejor para ello que el análisis, por decirlo de alguna manera, de los Presupuestos del Estado y su relación con la actual Comunidad Valenciana.

Uno, como anacrónico tildado, recuerda dos títulos del viejo Ruedo Ibérico, de nuestro paisano Martínez. El libro de Ignacio Fernández de Castro, de quien tomo prestado el título de esta colaboración, y otro que mi desmemoria me impide citar, pero cuyo enunciado es inequívoco: la succession ouverte. Ambos se referían ...

El llamado poder valenciano del Partido Popular se disuelve como los azucarillos de sus aficiones zarzueleras. Nada mejor para ello que el análisis, por decirlo de alguna manera, de los Presupuestos del Estado y su relación con la actual Comunidad Valenciana.

Uno, como anacrónico tildado, recuerda dos títulos del viejo Ruedo Ibérico, de nuestro paisano Martínez. El libro de Ignacio Fernández de Castro, de quien tomo prestado el título de esta colaboración, y otro que mi desmemoria me impide citar, pero cuyo enunciado es inequívoco: la succession ouverte. Ambos se referían al general Franco, al decir de la actual Ministra de Cultura, 'jefe de una dictadura', cuyo juicio corresponde no a la memoria sino 'a las opiniones de los historiadores'. ¡Bravo!, a la próxima revisión, amigos para siempre.

'Esta tierra vuelve a perder oportunidades colectivas, las individuales van bien servidas para algunos, los de siempre'

La ley de presupuestos del estado ha sido calificada de instrumento: el más importante en la gestión de la democracia, pues, al cabo, se trata de las cuentas que a todos los ciudadanos conciernen. Esto es, que cuantos nos afanamos en subrayar con alborozo la llegada de la democracia -el feliz tránsito entre la condición de súbdito del jefe de la dictadura a la de ciudadano- tuvimos, hemos tenido, la oportunidad de convertirnos en contribuyentes, y en usuarios. O lo que es lo mismo, en ciudadanos plenos.

Ahora, de la mano del Gobierno, el de allá, y el de aquí, provisional, se nos quiere convertir en idiotas, esto es, carentes de derechos, y abrumados de obligaciones, entre otras, de escucharles y verles en los medios de comunicación, que como ciudadanos contribuyentes y usuarios, pagamos.

Se impone, una vez más, la demagogia de los hechos. Con algo más del 10% de la población española, el estado común, y además plural, mal que les pese; con más del 15% de la exportación española, pese a la incompetencia de la gestión pública, de aquí y de allá para sectores económicos vitales en la Comunidad Valenciana -de los cítricos de siempre a las nuevas tecnologías-, la respuesta del supuesto poder valenciano no alcanza en el mejor de los supuestos el 8,1% del presupuesto de inversiones, empresas públicas incluidas, para el ejercicio de 2003. ¡Bravo! La provincia de Castellón alcanza el puesto 14, Valencia el 34, y Alicante de Trillo, el 45. Seguimos, de la mano del Partido Popular valenciano de victoria en victoria, hasta la derrota final.

Con más capacidad para competir que nunca. En la regresión, claro. Las jeremiadas empresariales, dóciles al susodicho poder virtual solo podrían entenderse como subordinación, por cierto subalterna ante el empuje de sus colegas de otros parajes a veces próximos. Las adhesiones inquebrantables pueden resquebrajarse en virtud de la obstinada demagogia de los hechos.

Un presupuesto debe servir, al menos, para dos finalidades. Mejorar la eficiencia, del sistema económico, y facilitar la equidad. Estos dos objetivos suelen ser comunes a los que nos reclamamos de la democracia y de un socialismo posible. El del estado para el año 2003 no reúne ninguna de las dos condiciones. Y en el caso de sus propuestas para la actual Comunidad Valenciana, se acercan al desprecio, para utilizar términos moderados. Ni crecimiento del capital físico, las infraestructuras, ni estímulo a la I+D+i, que habremos de construir una vez más por nuestra cuenta. Poco importa, en nuestro acervo colectivo: ya lo hicimos en tiempos peores, y contribuimos al bienestar, y la solidaridad, de los españoles. Ahora constituye un desprecio, a nuestra capacidad, a nuestro esfuerzo, y a la corresponsabilidad como colectivo.

Con ser graves las aseveraciones anteriores, no alcanzan todavía el fondo del asunto, por así decir. A nadie escapa la falsedad del presupuesto estatal de 2003. La presunción, que ya es cómica, del crecimiento de los precios, y la hilarante propuesta de crecimiento de la economía -esta especie de insula barataria de Aznar, dentro del océano mundial- conduce al esperpento que Estapé llama presupuesto borroso, ininteligible. Cierto que parece lógico, para un gobierno otoñal, con la sucesión abierta, y en el caso valenciano, con la provisionalidad de lo efímero y transitorio. Tan solo la jactancia de la soledad, la soberbia del empecinado, obstruye la capacidad de razonar.

Con las dotaciones presupuestarias para 2003, esta tierra vuelve a perder oportunidades, colectivas, las individuales van bien servidas para algunos, los de siempre: desde el oligopolio sin competencia del suelo urbano a todas las inversiones míticas. Y será ardua tarea recuperar las posiciones perdidas. Un año más. Porque, si el lector o lectora son curiosos, pueden recurrir al rosario de inauguraciones, y contrastarlo con el de las consignaciones presupuestarias. Y, en el colmo de la paciencia, verificar el grado de ejecución de las inversiones: de promedio -y seguiremos siguiéndoles- menos de un tercio de cuanto dicen.

Ingenuos, anacrónicos, y obstinados como pecadores que somos, no hemos vuelto a la escena pública para forrar cartera alguna, que la tuvimos y tenemos bien ligera, sino para contribuir a rehacer un país que han devastado, y al que abandonan a su suerte, pese a su contribución solidaria. La demagogia de los hechos, en una sucesión abierta en la que no pintan nada los caciques subsidiarios locales, provinciales o comunitarios.

Ricard Pérez Casado es doctor en Historia y diputado socialista por Valencia.