Informes municipales cuestionan que Málaga asuma el coste del convenio de Limasa
El PSOE dice que 'nunca la ciudad estuvo más sucia ni costó más la limpieza'
La Secretaria General y la Intervención del Ayuntamiento de Málaga han emitido sendos informes cuestionando la decisión del equipo de gobierno (PP) de asumir el coste de las mejoras laborales para la plantilla de Limasa, empresa que gestiona el servicio de limpieza en la ciudad y donde el capital privado es mayoritario. El PP ha justificado la compensación de 709.000 euros en la 'necesidad de restablecer el equilibrio económico de la contrata', hecho que para estos órganos de control 'no puede ser probado o cierto' hasta que la empresa cierre el ejercicio de 2002.
Tanto la Intervención ...
La Secretaria General y la Intervención del Ayuntamiento de Málaga han emitido sendos informes cuestionando la decisión del equipo de gobierno (PP) de asumir el coste de las mejoras laborales para la plantilla de Limasa, empresa que gestiona el servicio de limpieza en la ciudad y donde el capital privado es mayoritario. El PP ha justificado la compensación de 709.000 euros en la 'necesidad de restablecer el equilibrio económico de la contrata', hecho que para estos órganos de control 'no puede ser probado o cierto' hasta que la empresa cierre el ejercicio de 2002.
Tanto la Intervención como la Secretaría General coinciden en que 'el equilibrio financiero es una formula excepcional que debe coordinarse con el principio de riesgo', y afirman que 'un concesionario que tiene sus espaldas siempre a cubierto por los dineros públicos no es un empresario; es la misma administración y para hacer ese viaje para nada se necesita la alforja de la concesión', según se recoge textualmente en un párrafo del informe.
Bajo estos argumentos se cuestiona que el gobierno del PP haya asumido el coste de la subida salarial y se advierte que antes deberían conocerse los resultados económicos de Limasa al cierre del ejercicio de 2002, teniendo en cuenta que a partir del incremento del 2% de beneficios - la previsión de subida de IPC- el dinero se debería destinar a cubrir total o parcialmente el coste laboral que supone la aplicación del laudo dictado por un mediador designado por la Junta para resolver el conflicto en la negociación del convenio colectivo. El bloqueo motivó una dura huelga de los trabajadores que acabó en desordenes públicos, calles inundadas por 4.000 toneladas de residuos y contenedores calcinados.
Decisión 'escandalosa'
IU calificó ayer de 'escándolosa' la decisión del PP e hizo pública una carta del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP) fechada el pasado 27 de julio donde se comunicaba a Limasa la decisión municipal de asumir el coste, ante la preocupación de que no hubiese acuerdo en las negociaciones que trabajadores y socios privados mantenían. En la misiva se asume que la compensación económica a los socios 'se mantendrá con sus actualizaciones anuales hasta la finalización del contrato', un total de 16 años y otros ocho de prórroga.
IU, que cifró ayer el coste final por encima de los 18 millones de euros, advirtió que si el alcalde aprueba esta compensación, podría incurrir en un delito de prevaricación, por lo que amenazó con acudir a los tribunales. La portavoz del PSOE, Marisa Bustinduy, insistió en que la adjudicación del servicio de limpieza está 'llena de irregularidades desde el primer día' y tachó a De la Torre de 'prisionero' de los socios privados. Bustinduy declaró: 'Nunca estuvo la ciudad más sucia y nunca costó más caro el servicio de limpieza; pese a ello el alcalde no pelea y cada vez que hay un problema, los socios se dedican a obtener beneficios y De la Torre a regalarles el dinero de todos los malagueños'.
La portavoz socialista criticó además la 'escasa capacidad del alcalde para defender los intereses de la ciudad' frente a estas empresas privadas. 'El único pulso que ganó el alcalde en el conflicto fue la dimisión del gerente, un técnico. Tres meses después de su supuesta dimisión, el gerente sigue en su puesto', ironizó Bustinduy. El PP defiende que la compensación económica a Limasa está avalada por un dictamen jurídico externo que se solicitó ante la persistencia del conflicto, tras el laudo arbitral. Una comisión técnica del Área de Medio Ambiente cuantificó las repercusiones del acuerdo y constató incrementos de costes en la prestación del servicio, derivados esencialmente del establecimiento de un segundo día de descanso para los trabajadores. La subida, según el PP, era 'inasumible para la parte privada', ya que el contrato incluye una claúsula de revisión de precios anuales que no podía superar el IPC.