Más causas pendientes en los tribunales de justicia
Las declaraciones que tendrá que hacer Francisco Acedo, alcalde de Torres, el próximo día 15 en los juzgados de Arganda para aclarar los convenios con la constructora Obhisa y defenderse de las acusaciones de su ex concejal de Urbanismo Antonio Sotoca, no serán la únicas. En esos mismos terrenos de suelo industrial había dos yacimientos arqueológicos (uno de la edad de bronce y una villa romana), según un informe de la Dirección General de Patrimonio. Sin embargo, ambos yacimientos fueron destruidos para construir sobre ellos el almacén de una empresa automovilística.
Patrimonio evaluó ...
Las declaraciones que tendrá que hacer Francisco Acedo, alcalde de Torres, el próximo día 15 en los juzgados de Arganda para aclarar los convenios con la constructora Obhisa y defenderse de las acusaciones de su ex concejal de Urbanismo Antonio Sotoca, no serán la únicas. En esos mismos terrenos de suelo industrial había dos yacimientos arqueológicos (uno de la edad de bronce y una villa romana), según un informe de la Dirección General de Patrimonio. Sin embargo, ambos yacimientos fueron destruidos para construir sobre ellos el almacén de una empresa automovilística.
Patrimonio evaluó los daños materiales en 90.000 euros, pero los daños históricos no tenían precio. El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigó los daños y denunció el caso ante el Juzgado número 1 de Arganda. Por ello, Acedo también tendrá que afrontar esta denuncia del Seprona a la que también se sumó el grupo socialista.
Además, la Fiscalía de Madrid investiga, desde el pasado abril, una denuncia presentada por una empresa promotora contra Acedo, el edil de Urbanismo, Benito Sotoca, y el abogado municipal Fernando Martín Corroto por otro supuesto intento de cobro de comisiones ilegales.
Según la denuncia, el abogado municipal exigió a los constructores 3,5 millones de euros en efectivo y metido en bolsas de plástico. Este dinero, siempre según la denuncia, iba a servir para que el Ayuntamiento de Torres lograra que la Consejería de Urbanismo de la Comunidad de Madrid aprobara una recalificación llevada a cabo ya por el municipio, que permitiría la construcción de 600 chalés y un campo de golf.
Los representantes de los constructores, según fuentes de la investigación, grabaron la petición del abogado con un micrófono oculto y pusieron el caso en manos de la Fiscalía de Madrid.