Medio Ambiente abre expediente a 20 granjas por no presentar un plan de purines

El Departamento de Medio Ambiente ha abierto expedientes a una veintena de propietarios de granjas de cerdos que todavía no han presentado un plan de gestión y tratamiento de purines dentro del plazo establecido por el Gobierno catalán. La mitad de las explotaciones expedientadas se encuentran en las comarcas de Lleida, según reveló ayer el consejero Ramon Espadaler.

El incumplimiento de esta normativa sobre deyecciones animales puede comportar el cierre de la explotación y multas de hasta 600.000 euros. 'Por respeto a la normativa y al medio ambiente, seremos contundentes con los infra...

El Departamento de Medio Ambiente ha abierto expedientes a una veintena de propietarios de granjas de cerdos que todavía no han presentado un plan de gestión y tratamiento de purines dentro del plazo establecido por el Gobierno catalán. La mitad de las explotaciones expedientadas se encuentran en las comarcas de Lleida, según reveló ayer el consejero Ramon Espadaler.

El incumplimiento de esta normativa sobre deyecciones animales puede comportar el cierre de la explotación y multas de hasta 600.000 euros. 'Por respeto a la normativa y al medio ambiente, seremos contundentes con los infractores', dijo Espadaler, quien añadió: 'En los casos considerados muy graves, incluso podríamos cerrar algunas explotaciones cuando acabe el ciclo de engorde o reproductivo'.

El consejero explicó que las inspecciones han comenzado por las explotaciones ganaderas con más de 2.000 cerdos que no han presentado aún el plan de gestión de residuos y aseguró que la Generalitat ha sido muy flexible con los ganaderos, ya que ha concedido prórrogas a todos aquellos que lo han solicitado. Según Espadaler, Medio Ambiente ha consultado con la Unión Europea para saber si hay alguna posibilidad de conseguir subvenciones para ayudar a los ganaderos a construir las plantas de tratamiento de purines.

El responsable del porcino del sindicato Unió de Pagesos (UP), Josep Puigpelat, acusó a la Generalitat de no ser tan flexible con los ganaderos como lo ha sido con las urbanizaciones ilegales. UP quiere analizar caso por caso todos los expedientes abiertos.