Pujol tacha de 'electoralista y tardío' el plan contra la delincuencia
Grupos ecologistas protestan por la política de la Generalitat
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, aseguró ayer en Palamós (Baix Empordà) que el plan contra la delincuencia que pretende impulsar el Gobierno del PP tiene un trasfondo electoralista, aunque admitió la necesidad de poner en marcha reformas para atajar el 'gravísimo problema' del delito menor. Pujol recordó que su partido ya aprobó en el Parlamento medidas similares a las que ahora quiere poner en práctica el Gobierno de Aznar -como el endurecimiento en el tratamiento judicial de los menores-, pero que el PP votó en contra sólo por el empeño de erosionar su Gobierno.
Pujol rec...
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, aseguró ayer en Palamós (Baix Empordà) que el plan contra la delincuencia que pretende impulsar el Gobierno del PP tiene un trasfondo electoralista, aunque admitió la necesidad de poner en marcha reformas para atajar el 'gravísimo problema' del delito menor. Pujol recordó que su partido ya aprobó en el Parlamento medidas similares a las que ahora quiere poner en práctica el Gobierno de Aznar -como el endurecimiento en el tratamiento judicial de los menores-, pero que el PP votó en contra sólo por el empeño de erosionar su Gobierno.
Pujol recordó que la Generaliat tiene competencias en ámbitos en los que el PP pretende introducir reformas: policía en más de la mitad del territorio, tránsito, prisiones, Administración de Justicia y menores. 'Tendremos que hablar con ellos, porque muchas de estas cosas las tendrá que aplicar el Gobierno de la Generalitat', advirtió. 'No podemos permitir que esta nueva ley represente saltarse las competencias de la Generalitat', agregó el presidente.
Según Pujol, hace dos años el Gobierno de la Generalitat ya fue consciente del problema relacionado con el delito menor, en el sentido de que lo cometían los menores de edad, pero también porque se trataba de delitos pequeños. Sobre el deseo del PP de barrer la pequeña delincuencia, Pujol dijo: 'Es evidente que hay una necesidad de revisar ciertas normas legales. Todos los gobiernos de Europa se están orientando en ese sentido'.
Con mayor dureza se expresó el primer secretario del PSC, José Montilla, quien descalificó el plan de seguridad presentado por el Gobierno central, que consideró simple 'propaganda' y señaló que 'lo único positivo es que supone el reconocimiento del fracaso de su política de seguridad y de que es un problema que han generado ellos'. Para Montilla, es 'totalmente imposible formar 20.000 policías en dos años'. Además, 'no aclara las plazas reales' de agentes que se crearán y plantea reformas penales que 'aumentarán la saturación en las cárceles, ya colapsadas'. Montilla hizo estas declaraciones tras presidir en Sant Pere de Ribes (Garraf) la inauguración del local de la agrupación del PSC y posteriormente participó en una comida con militantes y simpatizantes de su partido.
Pujol, en un ambiente más movido, inauguró en Palamós las instalaciones del Museo de la Pesca, situado en el tinglado del muelle antiguo de la población. Se trata de un equipamiento que pretende divulgar de forma muy didáctica todos los aspectos relacionados con el arte de la pesca. El presidente de la Generalitat se vio obligado a trasladar al interior del museo su parlamento de inauguración a causa de las protestas de un grupo de unos 30 miembros de diversos colectivos y asociaciones contrarios a la política medioambiental y urbanística de la Generalitat. Esgrimían sus pancartas miembros de Salvem l'Empordà, Salvem Castell, Salvem Pinya de Rosa y Plataforma Antiabocador de Cruïlles. Algunos miembros de estos colectivos increparon a Pujol y tuvieron sus más y sus menos con los Mossos d'Esquadra, que montaron ante ellos un cordón de seguridad.
Pujol se refirió a las reivindicaciones de los manifestantes y aseguró que la playa de Castell ya estaba salvada, que Pinya de Rosa es un asunto municipal y que el vertedero de Cruïlles -una sentencia admite que no se construyó a suficiente distancia de los núcleos habitados- cumple los requisitos técnicos como demostrará el recurso judicial presentado por la Generalitat.
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