El Gobierno de CiU trata de esquivar el 'caso Olé' y evita personarse ante la juez

El Gobierno de CiU no quiere personarse como acusación en el caso Olé, a pesar de que se lo han pedido la izquierda y el PP y lo sugieren los informes del fiscal y del abogado del Estado. El Gobierno catalán se ha dirigido a la juez que instruye el sumario exponiendo su nulo interés al respecto y derivando el caso hacia la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR), la entidad que creó el buscador con fondos públicos. CiU también ha enmendado en el Parlament un texto del PP que pide al Ejecutivo que se implique en el proceso.

El caso Olé tiene dos patas principales: la prime...

El Gobierno de CiU no quiere personarse como acusación en el caso Olé, a pesar de que se lo han pedido la izquierda y el PP y lo sugieren los informes del fiscal y del abogado del Estado. El Gobierno catalán se ha dirigido a la juez que instruye el sumario exponiendo su nulo interés al respecto y derivando el caso hacia la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR), la entidad que creó el buscador con fondos públicos. CiU también ha enmendado en el Parlament un texto del PP que pide al Ejecutivo que se implique en el proceso.

El caso Olé tiene dos patas principales: la primera es el presunto delito fiscal cometido por sus creadores al llevar a sociedades extranjeras los beneficios obtenidos en 1999, cuando Telefónica compró el producto por 18 millones de euros y derechos sobre acciones hoy valorados en otros 28 millones. La juez pidió hace 21 meses un informe a Hacienda, pero éste sigue pendiente. La segunda se refiere al proceso de privatización del buscador, en 1996, y es la parte que concierne al Gobierno catalán: los promotores de Olé compraron el producto por 1.202 euros a la FCR y el entonces director de la entidad, Josep Antoni Plana Castellví, autorizó la venta sin el preceptivo permiso del patronato.

En aquella época la FCR era una entidad cuyo presupuesto dependía en un 70% de las aportaciones de la Generalitat, que entre 1991 y 1997 la subvencionó con 33 millones de euros (5.500 millones de pesetas). Además, cuatro departamentos del Ejecutivo están representados en su patronato y su presidencia recaía entonces en un miembro del Gobierno catalán. El fiscal ha pedido la imputación de Plana Castellví, que sigue como testigo, lo cual animó a la izquierda y al PP a reclamar a la Generalitat que se persone en la causa.

Fundación privada

No obstante, el Ejecutivo catalán trata de quedar al margen del proceso. El 31 de julio, el secretario general del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Josep Grifoll, envió un escrito a la juez sugiriéndole que, en lugar de la Generalitat, traslade todas las comunicaciones a la FCR al ser ésta una fundación privada aunque con participación pública, según fuentes del departamento.

CiU también ha tasladado al Parlament su deseo de que el Gobierno catalán quede completamente al margen. El PP tiene presentada una proposición que reclama la implicación del Ejecutivo como acusación particular y CiU ha redactado una enmienda para evitarlo. En el texto convergente se limita a pedir al Gobierno autónomo que 'realice el seguimiento de la causa judicial'.