Consumo aconseja a los afectados de Opening que anulen el contrato
Las asociaciones de consumidores reciben más de 400 quejas por el cierre de los centros
El cierre temporal de los nueve centros que la academia Opening English School tiene en el País Vasco ha sumido en el desconcierto a sus casi 6.000 usuarios. Ante los visos de que el cierre se convierta en definitivo, la dirección de Consumo del Gobierno ha recomendado a los ciudadanos afectados que anulen el contrato que les vincula con la academia y también con la entidad financiera con la que habían suscrito un préstamo para pagar el coste de los cursos de inglés. Consumo ha abierto un expediente para determinar si Opening ha cometido fraude.
El grupo de enseñanza a distancia CEAC, a...
El cierre temporal de los nueve centros que la academia Opening English School tiene en el País Vasco ha sumido en el desconcierto a sus casi 6.000 usuarios. Ante los visos de que el cierre se convierta en definitivo, la dirección de Consumo del Gobierno ha recomendado a los ciudadanos afectados que anulen el contrato que les vincula con la academia y también con la entidad financiera con la que habían suscrito un préstamo para pagar el coste de los cursos de inglés. Consumo ha abierto un expediente para determinar si Opening ha cometido fraude.
El grupo de enseñanza a distancia CEAC, al cual pertenece Opening, arrastra una deuda de 30 millones de euros y ha dictado suspensión de pagos. Opening ha colgado en los 132 centros que tiene en España un cartel anunciando vacaciones desde el 5 al 25 de agosto, algo completamente inusual. El miedo de los matriculados es que la academia no vuelva a abrir, con lo que podrían perder las clases ya pagadas y seguir abonando el crédito que pidieron para dar el curso. Esta es también la principal preocupación de la Dirección de Consumo.
Las quejas más frecuentes de los usuarios sobre este tipo de academias están relacionadas con la falta de información del sistema de pago, que en muchos casos es a través de una entidad financiera. Esta modalidad consiste en que la academia ofrece al cliente la posibilidad de pagar el curso solicitando un crédito a un banco o caja con el que previamente ha llegado a un acuerdo. Lo habitual es que el usuario pague el importe global, pero al darle la facilidad de no desembolsar el dinero de golpe, se acoge al crédito. El problema se produce cuando la academia cierra, como es el caso de Opening. El afectado se ve obligado a seguir pagando a la financiera el dinero prestado y los intereses por un servicio que no está recibiendo.
Consumo ya actuó con anterioridad contra esta academia. Durante una inspección realizada el año pasado le requirió que cambiase su publicidad, en la que ofrecía cuatro meses gratuitos. Según el Gobierno, este tipo de publicidad resultaba engañosa ya que en realidad sólo ofertaban un descuento equivalente a esos cuatro meses en el caso de contratar un curso completo, cuyo coste alcanzaba los 1.300 euros.
A principios de este mes de agosto, los inspectores de Consumo se acercaron a los centros de Opening y comprobaron que tenían previsto cerrar por vacaciones desde el 5 al 25 de agosto. Según Consumo, esto supone un incumplimiento del servicio contratado, ya que lo normal es que este tipo de establecimientos guarde vacaciones únicamente durante las fiestas patronales de cada una de las capitales vascas. El Gobierno volverá a enviar a sus inspectores el lunes 26 de agosto para que comprueben si los centros han abierto y, si es así, para ver si cumplen la normativa sobre la información que deben suministrar a los usuarios.
Por el momento, las asociaciones de consumidores, con las que el Gobierno ha acordado la gestión de las reclamaciones de los afectados, ha recibido 400 quejas. La cifra seguramente se verá incrementada en los próximos días, dado que en los nueve centros que Opening tiene en Euskadi cursaban algún tipo de estudio 3.700 personas en Vizcaya, 1.500 en Guipúzcoa y 700 en Álava.
El Gobierno ya realizó en octubre de 2001 una campaña de inspección a las academias de enseñanza no reglada debido a las quejas que había recibido por parte de los ciudadanos. La falta de transparencia en la información, la imposición de condiciones ilícitas y de cláusulas abusivas en los contratos llevó a Consumo a tratar de controlar mejor este mercado. Uno de los resultados más negativos de la campaña fue la constatación de que sólo el 46% de las academias formaliza un contrato con el usuario, donde se establece la duración del curso, el precio y la forma de pago.