Argentina contamina a sus vecinos
Brasil y Uruguay sufren síntomas graves en forma de crisis bancaria, devaluación y aumento de la prima de riesgo
La historia del corralito (congelación de depósitos) en Argentina parece un cuento de nunca acabar. Cada vez que el Gobierno del peronista Eduardo Duhalde ensaya una solución para terminar con la crisis bancaria surgen nuevos inconvenientes. El problema persiste, ahora en los tribunales, mientras los vecinos de Brasil y Uruguay comienzan a padecer los mismos síntomas de la enfermedad argentina.
La última idea del equipo económico de Duhalde consistió en decretar hace dos semanas la suspensión por 180 días de las ejecuciones favorables a recursos de amparo de ahorradores co...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La historia del corralito (congelación de depósitos) en Argentina parece un cuento de nunca acabar. Cada vez que el Gobierno del peronista Eduardo Duhalde ensaya una solución para terminar con la crisis bancaria surgen nuevos inconvenientes. El problema persiste, ahora en los tribunales, mientras los vecinos de Brasil y Uruguay comienzan a padecer los mismos síntomas de la enfermedad argentina.
La comisión de notables recomienda que se interrumpa la fuga de depósitos, se estabilice el tipo de cambio y se fortalezcan las reservas
La última idea del equipo económico de Duhalde consistió en decretar hace dos semanas la suspensión por 180 días de las ejecuciones favorables a recursos de amparo de ahorradores contra el corralito, a modo de evitar que los bancos pierdan en este segundo semestre del año 4.100 millones de dólares. Las entidades carecen de recursos suficientes para afrontar la devolución de ese dinero, y el Banco Central debe dejar de prestarles dinero si pretende sostener al peso -devaluado el 72% desde enero- y evitar una mayor inflación -30% en el primer semestre-. La liberación del corralito elevaría el número de bancos cerrados de los cuatro actuales a decenas, según analistas.
La justicia, sin embargo, falló otra vez en reconocimiento del derecho a la propiedad de los ahorradores. Los 12 jueces federales en lo contencioso administrativo declararon inconstitucional el último decreto presidencial en más de 200 casos. Por tanto, la salida de depósitos continuó hasta el pasado martes. El Gobierno y el Banco Central lograron ese día volver a frenar la fuga de capitales por vía judicial.
La máxima autoridad monetaria respondió a un juez que no estaba en condiciones de devolver depósitos por cuenta y orden de una entidad financiera, tal como dispone el decreto en casos en que el demandante sea mayor de 75 años o padezca una enfermedad. El Ejecutivo apeló el primer fallo que había sentenciado la inconstitucionalidad del decreto. Un tribunal de segunda instancia deberá resolver esta cuestión. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia será la encargada de dar la última palabra. El caso llegó esta misma semana a sus manos, a una velocidad inusual para los tribunales argentinos.
La tribunal falló en febrero en contra de otro decreto del Gobierno, que congelaba las causas contra el corralito. Sin embargo, en el pasado ha aprobado normas que suspendían las ejecuciones judiciales ante situaciones de gravedad económica. Esta vez, los nueve miembros del tribunal deben pronunciarse en tiempos que la Cámara de diputados decide si los lleva a juicio político por su polémica actuación durante el gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999). La incógnita radica en si el tribunal fallará a favor o en contra del último decreto de Duhalde, antes o después de que el Congreso, dominado por el peronismo, opte o no por juzgar a los magistrados.
Sigue la discusión
La batalla judicial por el corralito crece mientras continúa la discusión entre el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el presidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, sobre la salida a la crisis bancaria. Lavagna lleva las de ganar. Una comisión de economistas notables designados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre cuyos miembros figura el ex gobernador del Banco de España Luis Ángel Rojo, rechazó el lunes la apertura inmediata de las cuentas de ahorro y el canje forzoso de los depósitos a plazo -con vencimiento entre 2003 y 2005- por títulos públicos, tal como sugerían Pignanelli, los bancos y los técnicos del FMI.
La comisión de notables visitó Buenos Aires hace dos semanas para elaborar un informe ante la cúpula del Fondo y el Gobierno argentino. Además de opinar sobre la salida del corralito, dio instrucciones concretas sobre política monetaria, una de las claves para que Argentina recupere la asistencia financiera del Fondo Monetario Internacional, interrumpida en diciembre pasado.
La comisión recomendó que se interrumpa la fuga de depósitos, se estabilice el tipo de cambio no sólo con respecto al dólar sino también al real brasileño y al euro, se fortalezcan las reservas del Banco Central, se reduzca la emisión monetaria y se limite la intervención de la autoridad monetaria en el mercado local de divisas. También rechazó la dolarización, el proyecto del ex presidente y enemigo político de Duhalde, Carlos Menem.
El Gobierno quedó satisfecho con el informe, pues desde hace dos meses viene restringiendo la emisión monetaria y la pérdida de reservas, al tiempo que el peso argentino se ha mantenido estable pese a las actuales devaluaciones de Brasil y Uruguay. Sin embargo, el Banco Central continúa comprando y vendiendo dólares para equilibrar el peso.
El ministro de Economía festeja el aumento de la recaudación impositiva del 25% en el mes de julio, pero el presidente Duhalde acaba de anunciar un plan de obras públicas para aprovechar los recursos generados por las exportaciones y la inflación. Argentina, en tanto, continúa anhelando un acuerdo con el FMI para posponer los pagos de la deuda con organismos multilaterales, que totalizan 1.800 millones de dólares entre este año y el próximo.
En espera de las elecciones
El secretario del Tesoro norteamericano, Paul O'Niell, preparó la visita que realizará esta semana a Suramérica con unas declaraciones fieles a su estilo. Dijo que su país no apoyará paquetes de ayuda financiera a Argentina, Brasil o Uruguay si ese dinero termina en cuentas en Suiza, en alusión a los fondos que hasta hace semanas mantenía en secreto el ex presidente argentino Carlos Menem. El Gobierno de Brasil, en medio de la turbulencia financiera por las elecciones presidenciales de octubre, reaccionó indignado, y la Casa Blanca debió pedir disculpas. El real brasileño ha perdido este año la mitad de su valor, y llegó a cotizarse en los últimos días en los peores niveles de su historia (3,45 por dólar), cada vez más cercanos al peso argentino. Los productos de exportación y el turismo dejan de resultar baratos para los brasileños. La prima de riesgo de la deuda pública subió de 8,63% a principios de año a 21,36% esta semana. El Gobierno de Fernando Henrique Cardoso aspira a obtener en ocho días un nuevo rescate del Fondo Monetario por 15.000 millones de dólares. El crédito se entregaría gradualmente, cada trimestre, siempre y cuando Brasil vaya cumpliendo con las metas fiscales que pacte con el FMI. Cardoso está comprometido a cumplir con un eventual acuerdo, que se sumaría a los auxilios recibidos por su gobierno en 1998 y 2001. Pero su gestión finaliza en enero, y los dos candidatos favoritos para sucederlo, el izquierdista Luiz Inácio Lula Da Silva y el centroizquierdista Ciro Gomes, se oponen a firmar con el FMI ningún pacto que asegure a los acreedores de Brasil el pago de la deuda de 215.000 millones de dólares. No obstante, el economista jefe del Partido de los Trabajadores (PT, de Lula), Guido Mantega, aseguró que está dispuesto a conversar con el FMI. The Economist ha opinado que Gomes resultará más inflexible a la hora de dialogar con los organismos multilaterales.
Escarmentados del 'corralito'
El presidente de Uruguay, Jorge Batlle, se enfureció hace tres meses con un periodista de Bloomberg TV que comparó la crisis económica de su país con la de Argentina. El Gobierno de Montevideo se enorgullecía de contar con cuentas ordenadas y la mejor calificación de deuda para un país emergente, pero esta pequeña economía no pudo soportar el contagio de sus vecinos, Argentina y Brasil. La evidencia de la crisis es que el Gobierno se ha visto obligado a sugerir restricciones a la retirada de depósitos bancarios a plazo fijo en la banca pública. El peso uruguayo se ha devaluado este año el 75% y las reservas del Banco Central se contrajeron el 79% en su intento por sostener la moneda y a los bancos afectados por la fuga de capitales. La deuda uruguaya perdió el grado de inversión, y la agencia Moody's la calificó esta semana con un B3, seis escalones por debajo. Su prima de riesgo subió de 2,28% a 27% en el año. El Ejecutivo debió cerrar esta semana los bancos por tres días. Apenas se adoptó aquella decisión, Uruguay recibió una buena noticia: EE UU apoyará en el FMI una ayuda de 1.500 millones de dólares para este país, adicional a los 3.000 millones concedidos este año. Muchos uruguayos formaron colas en los cajeros automáticos en los últimos días para retirar su dinero. Temen que también en su país se instale un corralito. El nuevo ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, descartó esa posibilidad, teniendo en cuenta la mala experiencia que la congelación de depósitos supuso en Argentina. El Gobierno estudia posponer el vencimiento de los depósitos a plazo sólo en los dos bancos públicos y en los cuatro privados que fueron intervenidos por el Banco Central. Los bancos extranjeros, entre ellos SCH y BBVA, deberán arreglárselas solos para devolver los ahorros. El Ejecutivo confía en que las casas matrices capitalicen sus filiales para ello, contrariamente a lo que sucedió en Argentina.