El Gobierno catalán deberá indemnizar a la familia de un preso
La Audiencia de Lleida ha condenado al Gobierno catalán a indemnizar con 120.000 euros (20 millones de pesetas) al hijo y a la madre de Juan Jesús Iglesias Palero, un interno del centro penitenciario Ponent de Lleida que fue asesinado a traición por otro interno peligroso y con antecedentes violentos. A la víctima, que tiene un hijo de nueve años, sólo le quedaba una semana para salir en libertad condicional. La agresión se produjo el 13 de noviembre de 2000 en las duchas del gimnasio del módulo siete, donde el acusado y la víctima cumplían condena. Casteras, de 41 años, movido por los celos, ...
La Audiencia de Lleida ha condenado al Gobierno catalán a indemnizar con 120.000 euros (20 millones de pesetas) al hijo y a la madre de Juan Jesús Iglesias Palero, un interno del centro penitenciario Ponent de Lleida que fue asesinado a traición por otro interno peligroso y con antecedentes violentos. A la víctima, que tiene un hijo de nueve años, sólo le quedaba una semana para salir en libertad condicional. La agresión se produjo el 13 de noviembre de 2000 en las duchas del gimnasio del módulo siete, donde el acusado y la víctima cumplían condena. Casteras, de 41 años, movido por los celos, decidió matar a Iglesias tras saber que se carteaba con su compañera sentimental, presa en el módulo ocho. Cuando vio que se dirigía a las duchas y aprovechando que no había nadie más, cogió una barra metálica, le siguió y le golpeó de forma sorpresiva y reiterada en la cabeza. Le causó graves fracturas en el cráneo que le produjeron la muerte horas más tarde.
La sentencia señala que la Administración catalana debe ser condenada como responsable civil subsidiaria de esta muerte a pagar 110.000 euros al niño y otros 10.000 euros a su madre, con la que convivía entonces. El tribunal considera que el acusado, condenado a 14 años de prisión por varios hechos violentos graves, no debía haber estado en un módulo para reclusos no conflictivos que están a punto de obtener permisos de salida o el tercer grado. También critica que los tres funcionarios que vigilaban a los 130 internos del módulo y dependencias anexas eran insuficientes ante la peligrosidad del acusado, que tenía componentes de paranoia, psicopatía y conducta antisocial y que ha sido condenado a 16 años de cárcel.