Un tribunal islámico de Pakistán sobresee la lapidación de una mujer
La víctima de la 'sharía' fue acusada de adulterio tras una violación
Zafran Bibi no sonreía. Un tribunal federal islámico de Pakistán acababa de sobreseerle la condena a morir lapidada por adulterio. Sin embargo, la mujer, de 27 años, no tenía mucho que celebrar. Tras la humillación de verse ante la justicia por un embarazo que alguien sospechó extramatrimonial, regresó el pasado fin de semana a su aldea donde, con toda probabilidad, volverá a ser violada por los hermanos de su marido, que sigue en prisión. El juez que la absolvió en ningún momento cuestionó las leyes e instituciones judiciales hudud que siguen permitiendo situaciones similares.
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Zafran Bibi no sonreía. Un tribunal federal islámico de Pakistán acababa de sobreseerle la condena a morir lapidada por adulterio. Sin embargo, la mujer, de 27 años, no tenía mucho que celebrar. Tras la humillación de verse ante la justicia por un embarazo que alguien sospechó extramatrimonial, regresó el pasado fin de semana a su aldea donde, con toda probabilidad, volverá a ser violada por los hermanos de su marido, que sigue en prisión. El juez que la absolvió en ningún momento cuestionó las leyes e instituciones judiciales hudud que siguen permitiendo situaciones similares.
Al contrario: según la prensa local, el presidente del tribunal, Fazal Illahi Jan, criticó las preocupaciones de las ONG. 'El revuelo y quejas de ciertas ONG contra las leyes hudud y las instituciones judiciales no tienen base y eran innecesarias. Las instancias de apelación están para cumplir o revocar las decisiones de los tribunales', manifestó Illahi en el proceso.
Las leyes hudud son una interpretación literal de la sharía, o ley islámica, que incluye castigos físicos (hadd) y no garantiza la presunción de inocencia. Su aplicación es especialmente ominosa para las mujeres, cuya credibilidad queda en entredicho ante el testimonio de un varón. Pakistán, cuyo corpus judicial heredó en gran medida el código británico, introdujo esa legislación de origen religioso con el dictador Zia ul Haq. El general logró así el respaldo de los extremistas islámicos, numerosos pero sin duda minoritarios.
La condena de Zafran saltó a la atención internacional y sirvió para que un prominente equipo de abogados se encargara de su defensa que, inicialmente, correspondía a un letrado de oficio, mucho menos inclinado a buscar resquicios legales en favor de su cliente.
Propiedad familiar
Zafran, campesina de la aldea de Kohat (provincia de la Frontera Noroccidental), denunció haber sido violada por Akmal Jan, hermano de su marido, cuando recogía leña en los alrededores. Ambos, presuntos violador y violada, fueron detenidos y acusados por la policía de violación. Luego un examen médico demostró que ella estaba embarazada de siete u ocho semanas cuando presentó la denuncia, 11 días después de la agresión. Akmal quedó en libertad bajo fianza, pero a Zafran se le denegó la posibilidad.
Tras cambiar de abogado, Zafran modificó su declaración y denunció una violación anterior por parte de otro cuñado, Yamal Jan. El tribunal la declaró culpable y la condenó a morir lapidada. De nada sirvió que su marido, Naimat Jan, de 38 años, declarara que podría estar embarazada de él porque le había visitado en la cárcel de Haripur, donde cumple condena de 25 años por asesinato.
Lo que desde fuera puede verse como un enrevesado rompecabezas no revela sin embargo más que las sórdidas condiciones de vida de la mujer rural paquistaní, cuyo cuerpo se considera propiedad del marido y, por extensión de la familia de éste, desde el momento en que se casa. El hecho de que el marido de Zafran esté encarcelado la deja además sin protección frente a los abusos de su familia política.
Su abogado defensor, Iftijar Guilani, recurrió a las interpretaciones más benignas de la sharía en su apelación. 'El profeta [Mahoma] dijo que se evitaran los castigos hadd siempre que fuera posible', subrayó. El tribunal federal que vio el recurso estuvo de acuerdo y aceptó varios errores de procedimiento. Pero rechazó la pretensión del fiscal general de la provincia de la Frontera Noroccidental de que el caso sirviera para eliminar el estigma de la ilegitimidad de los hijos nacidos fuera del matrimonio.