Once contra uno
En la misma línea y con menos novedades. Ésa podría ser la interpretación de la nueva reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que aprobó el Gobierno el viernes. A grandes rasgos, el nuevo IRPF reduce el tipo máximo desde el 48% actual hasta el 45% y el tipo mínimo desde el 18% actual al 15%; entrará en vigor en el año próximo, en la declaración que se presente en 2004, e introduce la novedad de que Hacienda obligará a que los bancos informen de los titulares y beneficiarios de las cuentas aunque no tengan rentabilidad. Estamos, pues, ante unas modificaciones de carác...
En la misma línea y con menos novedades. Ésa podría ser la interpretación de la nueva reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que aprobó el Gobierno el viernes. A grandes rasgos, el nuevo IRPF reduce el tipo máximo desde el 48% actual hasta el 45% y el tipo mínimo desde el 18% actual al 15%; entrará en vigor en el año próximo, en la declaración que se presente en 2004, e introduce la novedad de que Hacienda obligará a que los bancos informen de los titulares y beneficiarios de las cuentas aunque no tengan rentabilidad. Estamos, pues, ante unas modificaciones de carácter marcadamente continuista que en poco varían la progresividad actual del impuesto, aunque, eso sí, permitirán a los contribuyentes por renta pagar menos dinero. Exactamente, el 11,1% como media, según los cálculos del Ministerio de Hacienda, con un coste global para el Estado de 3.600 millones de euros.
La evidencia de que los contribuyentes van a pagar menos se sustenta en que el tipo mínimo y el máximo se han bajado en tres puntos, en que aumentan las deducciones a las familias y en que se pagarán mensualmente 100 euros a las mujeres con hijos menores de tres años que trabajen fuera de casa. Pero más allá de estos datos, el análisis comparado de este nuevo IRPF con el anterior o con otros modelos -como el que acaba de presentar, aunque con carácter muy preliminar, el PSOE- se convierte en un artículo de fe.
El Gobierno mantiene la política de que la mejor forma de evitar la crítica es suspender la información pública, de forma que no ha facilitado cuentas tan elementales como la medida de los efectos de la reforma del IRPF de 1999, ni la distribución de la carga fiscal que soportan los españoles por impuestos ni otros datos imprescindibles para confirmar los cálculos oficiales. Por ejemplo, debería ser posible comprobar cuánto se ahorran con la nueva rebaja las rentas superiores a los 30.050 euros (cinco millones de pesetas) y si ese ahorro es más ventajoso que el que obtendrán las rentas más bajas, las inferiores a 12.020 euros (dos millones de pesetas).
La falta de información es una objeción grave que socava la confianza en el nuevo diseño fiscal. Cabe la sospecha fundada de que parte del beneficio que obtendrán los ciudadanos por la rebaja de las tarifas quedará neutralizado por la negativa de Hacienda a actualizar las tarifas para corregir el efecto de la inflación. El ministerio no ha explicado esta negativa de forma convincente. Tampoco ha considerado conveniente evaluar la oportunidad presupuestaria de esta segunda rebaja, aprobada en un momento de incertidumbre económica y con pocas esperanzas de una reactivación próxima.
En otras ocasiones se ha insistido en que la reducción del IRPF debe ser expuesta en términos globales para que sea comprendida en todas sus consecuencias. El Gobierno debería explicar también que, al mismo tiempo que reduce las tarifas del IRPF, ha subido otros 11 impuestos -gasolina, tabaco, alcohol- que tienen efectos sobre los bolsillos de todos los contribuyentes de forma indiscriminada y regresiva. No es cierto, pues, el mensaje interesado de que la Administración de Aznar ha conseguido reducir el déficit al mismo tiempo que baja los impuestos; hasta el momento, el resultado es que baja uno y sube 11.
Frente a la propuesta del Gobierno, que ha entrado ya en trámite parlamentario, el primer partido de la oposición debería activar su oferta fiscal, que, por el momento, y en lo que se refiere al IRPF, es imprecisa y vacilante. El diseño del PSOE de un impuesto con una sola tarifa se enreda después con recargos poco definidos y de coste difícil de evaluar. Está clara, por el contrario, su pretensión de gravar con la misma intensidad las rentas de trabajo y las de capital. En ese caso, la objeción posible sería aclarar si el ahorro no está gravado en origen, cuando todavía es renta de trabajo. El problema es que todavía escasea la información de detalle que permitiría articular un debate. Da la impresión de que el Ejecutivo ha corrido mucho mientras el PSOE se está quedando peligrosamente rezagado.