CiU apoya la Ley de Partidos tras prosperar 37 de sus 38 enmiendas con el voto de PP y PSOE

Convergència i Unió (CiU) materializó ayer su apoyo a la Ley de Partidos al serle aceptadas por el PP y el PSOE 37 de sus 38 enmiendas al texto en la ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso. Inmediatamente se sumó al acuerdo Coalición Canaria. El secretario general del PP, Javier Arenas, y el portavoz socialista en esa comisión, Diego López Garrido, manifestaron su satisfacción por el consenso logrado en torno a la ley, que permitirá la ilegalización de Batasuna, y que ha sido respaldada por partidos que representan casi al 95% del censo. López Garrido pidió al PNV y a IU que se su...

Convergència i Unió (CiU) materializó ayer su apoyo a la Ley de Partidos al serle aceptadas por el PP y el PSOE 37 de sus 38 enmiendas al texto en la ponencia de la Comisión Constitucional del Congreso. Inmediatamente se sumó al acuerdo Coalición Canaria. El secretario general del PP, Javier Arenas, y el portavoz socialista en esa comisión, Diego López Garrido, manifestaron su satisfacción por el consenso logrado en torno a la ley, que permitirá la ilegalización de Batasuna, y que ha sido respaldada por partidos que representan casi al 95% del censo. López Garrido pidió al PNV y a IU que se sumaran al pacto.

La mayoría de las 38 enmiendas de CiU -referentes a las garantías de seguridad jurídica, a la exigencia de que no se persiga ninguna ideología y a la irretroactividad- ya estaban recogidas en el pacto entre el Gobierno y el PSOE, del 14 de mayo, según admitió su portavoz Manel Silva, que logró algunas mejoras técnicas en las mismas. Una de las novedades introducidas por CiU consiste en que un partido no podrá ser ilegalizado si esta formación sanciona disciplinariamente a uno de sus miembros que mantenga la militancia en otra organización terrorista.

Otra enmienda, acordada también con el PSOE, precisa el alcance de la suspensión del partido. Señala concretamente que la suspensión cautelar será la de las actividades del partido, hasta que se dicte la sentencia, con el alcance y los efectos que estime la Sala.

Finalmente, han sido aceptadas 37 de las 38 enmiendas, bien en su literalidad o por medio de transacciones, quedando rechazada exclusivamente una, referente a que pueden ser promotores de un partido personas que han sido condenadas judicial o administrativamente si han sido rehabilitadas. El PP argumentó en su rechazo la coherencia con lo que dicta el Código Penal al respecto.

El portavoz de CiU, Manel Silva, señaló que su partido había alcanzado sus objetivos de salvaguardar la libertad ideológica y el pluralismo político. 'Es una ley constitucional, y tras recogerse las aportaciones, no caben objeciones jurídico-constitucionales a la misma'.

Los socialistas vieron rechazadas dos enmiendas particulares al texto acordado con el PP el 14 de mayo. Una se refería a que los ciudadanos de la UE puedan promover partidos y la otra proponía que la ilegalización la decidiera la Sala Civil del Supremo. Finalmente, será competente la Sala Especial del Supremo, como figuraba en el anteproyecto del Gobierno.

No obstante, su portavoz, López Garrido, se dio por satisfecho con el texto que ayer salió de la ponencia porque 'fija como únicos límites a la acción de los partidos el apoyo al terrorismo, la violencia o el racismo' y, además, porque se ha logrado ampliar el consenso hasta cuatro partidos. López Garrido anunció la pretensión socialista de negociar también con el PNV, IU y el Grupo Mixto.

Los populares dieron por buenas las explicaciones del PSOE y CiU y su portavoz, José Antonio Bermúdez de Castro, destacó el 'gran pacto parlamentario para defender el Estado de derecho', tras lograr 'mejoras técnicas, reforzar garantías y despejarse dudas'.

La Comisión Constitucional debatirá el jueves el informe elaborado por la ponencia y el martes 4 de junio aprobará la ley el pleno del Congreso. El texto pasará después a tramitarse en el Senado.

[La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha anulado la libertad provisional en que se hallaba el ex cura de Salvatierra (Álava) Ismael Arrieta. Pretende así asegurar su presencia en el juicio por el asesinato de tres guardias civiles, en octubre de 1980, que se celebrará próximamente y en el que el fiscal pide 81 años de cárcel].