La Convención sobre la UE pretende recortar poder a la Comisión
El Consejo asumiría todo el terreno político más sensible
La amenaza de un recorte de poderes de la Comisión Europea tras abrirse el gran debate sobre el futuro de Europa empieza a concretarse. El Presidium, órgano directivo de la Convención sobre el futuro de la UE, reunido esta semana en Bruselas, ha apostado por limitar las competencias del Ejecutivo comunitario al ámbito del mercado único.Las competencias de Justicia e Interior pasarían a ser controladas por el Consejo de la Unión.
Este consejo, en el que están representados los gobiernos, también pasaría a controlar las políticas comunes de exterior y defensa, hoy ya bajo su paraguas. Con...
La amenaza de un recorte de poderes de la Comisión Europea tras abrirse el gran debate sobre el futuro de Europa empieza a concretarse. El Presidium, órgano directivo de la Convención sobre el futuro de la UE, reunido esta semana en Bruselas, ha apostado por limitar las competencias del Ejecutivo comunitario al ámbito del mercado único.Las competencias de Justicia e Interior pasarían a ser controladas por el Consejo de la Unión.
Este consejo, en el que están representados los gobiernos, también pasaría a controlar las políticas comunes de exterior y defensa, hoy ya bajo su paraguas. Con el esquema dibujado por el Presidium desaparecería de hecho la división entre los tres ya clásicos 'pilares' de la UE: mercado común, unión económica y monetaria o ciudadanía europea en el primero; política exterior y de seguridad en el segundo, y cooperación judicial y policial en el tercero. La Comisión mantendría bajo su control, con su poder de iniciativa legislativa, todo el ámbito económico, mientras el Consejo asumiría todo el terreno político más sensible.
En paralelo, los Quince están enfrascados en la reforma interna del Consejo, que incluirá acabar con el sistema de las presidencias semestrales de la UE, que sería sustituido por presidencias conjuntas de cinco o seis países durante varios años. El Presidium, en línea con algunas propuestas ya conocidas, es partidario también de que el Consejo cuente con un presidente elegido para dos años y medio y de que haya una clara separación entre las funciones ejecutivas de este órgano y las legislativas, en este segundo caso con reuniones abiertas al público.
Para avanzar en la concreción de sus propuestas, los 105 miembros de la Convención van a dividirse a finales de este mes en grupos de trabajo de unas 20 personas encargadas de temas específicos. Al frente de cada grupo habrá un miembro del Presidium. Los dos representantes españoles de este órgano dirigirán los grupos más sensibles para España. Así, el eurodiputado del PP Iñigo Méndez de Vigo estará al frente del grupo que analizará el reparto de competencias en la UE, un tema que engloba el papel de las regiones en la Unión. La también eurodiputada del PP Ana Palacio, representante del Gobierno en la Convención, dirigirá después del verano el grupo sobre asuntos de Justicia e Interior.
La sensibilidad de cada país ha sido tenida en cuenta también en otras adjudicaciones de grupos. Así, el eurodiputado alemán Klaus Hänsch estará al frente del dedicado a las medidas económicas que deben acompañar la introducción del euro (políticas de empleo, posible impuesto europeo, papel del Eurogrupo, refuerzo en la coordinación de políticas económicas...). El italiano Giuliano Amato, partidario de reducir a 150 los 700 artículos de los tratados de la UE, asumirá el grupo que analizará los principios de un texto constitucional europeo.
Uno de los grupos más importantes, el dedicado a la política exterior y de seguridad, que también se formará tras el verano, todavía no ha sido adjudicado, pero casi con seguridad quedará bajo supervisión francesa. El propio presidente de la Convención, Giscard D'Estaing, no descarta encabezarlo, mientras el segundo candidato es el actual comisario de Política Regional, el ex ministro francés Michel Barnier.
Otros grupos previstos para finales de este mes se encargarán del papel de los parlamentos nacionales en la UE, encargado a la británica Gisela Stuart; las competencias de los Estados con ámbitos de actuación en Bruselas (cultura, deportes, juventud...), en manos del finlandés Henning Christophersen; y el futuro encaje de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, dirigido por el portugués Antonio Vitorino, hoy comisario de Justicia e Interior.