El juez del 'caso Turismo' investiga otra vía de financiación irregular de Unió
El juez del caso Turismo ha dictado un auto en el que, por primera vez, admite de forma explícita que una de las finalidades de la investigación es descubrir si hubo también una presunta financiación irregular de Unió Democràtica (UDC) a través del Consorcio de Turismo de Cataluña. No obstante, el magistrado señala que 'lo actuado hasta este momento no ha permitido conocer el destino final de las presuntas malversaciones de caudales públicos'.
Otro juzgado de Barcelona que instruye el llamado caso Pallerols investiga otra vía de presunta financiación irregular de Unió medi...
El juez del caso Turismo ha dictado un auto en el que, por primera vez, admite de forma explícita que una de las finalidades de la investigación es descubrir si hubo también una presunta financiación irregular de Unió Democràtica (UDC) a través del Consorcio de Turismo de Cataluña. No obstante, el magistrado señala que 'lo actuado hasta este momento no ha permitido conocer el destino final de las presuntas malversaciones de caudales públicos'.
Otro juzgado de Barcelona que instruye el llamado caso Pallerols investiga otra vía de presunta financiación irregular de Unió mediante fondos europeos para cursos de formación de parados distribuidos por el Departamento de Trabajo, que presidía un consejero democristiano.
El titular del Juzgado de Instrucción número 11, que tramita el caso Turismo, imputa al administrador de la empresa Getsumer, gestionada por Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ex cuñado del ex secretario de organización de UDC, Josep Sánchez Llibre. El juez también ha llamado a declarar como imputado a los responsables de la empresa Gerc Inartur, vinculada al ex consejero de Turismo, Lluís Alegre. Otro implicado es el ex concejal de CiU del Ayuntamiento de Barcelona Modest Batlle Girona.
Este caso se centra en las presuntas irregularidades cometidas en el Consorcio de Turismo bajo la dirección de Joan Cogul, acusado de beneficiar a compañías de familiares y amigos y a sociedades vinculadas a Unió, a las que encargó informes que, según el juez, 'son de dudosa utilidad'.