PP y PSOE apoyan la disolución de ayuntamientos que exalten a terroristas

PP y PSOE profundizaron ayer en las medidas de seguridad a tomar para proteger a los concejales vascos amenazados por ETA y para aislar a Batasuna. La reunión de la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista recuperó el pulso perdido tras la dura ofensiva dirigida por José María Aznar contra los socialistas. Hubo acuerdo para crear un Fondo Público, con control presupuestario, para costear las medidas de seguridad; disolver los ayuntamientos que ensalcen a los terroristas y humillen a las víctimas, y presentar mociones para eliminar subvenciones al entorno de ETA.

La medida nueva más esp...

PP y PSOE profundizaron ayer en las medidas de seguridad a tomar para proteger a los concejales vascos amenazados por ETA y para aislar a Batasuna. La reunión de la Comisión Técnica del Pacto Antiterrorista recuperó el pulso perdido tras la dura ofensiva dirigida por José María Aznar contra los socialistas. Hubo acuerdo para crear un Fondo Público, con control presupuestario, para costear las medidas de seguridad; disolver los ayuntamientos que ensalcen a los terroristas y humillen a las víctimas, y presentar mociones para eliminar subvenciones al entorno de ETA.

La medida nueva más espectacular, presentada por la delegación del PSOE, encabezada por Álvaro Cuesta, y aceptada por el PP, cuya representación dirigía Esteban González Pons, consistió en la posibilidad de que el Consejo de Ministros disuelva las corporaciones municipales en las que sus órganos de gobierno den cobertura o apoyo, enaltezcan o justifiquen el terrorismo o a quienes participen en su ejecución, así como en el caso de que se menosprecie o humille a las víctimas o a sus familiares o se impida el ejercicio de algún concejal.

Esta medida, que tiene como diana los ayuntamientos más beligerantes de Batasuna, tendrá que ser ratificada por el Senado, previa audiencia del Gobierno autónomo, aunque sin carácter vinculante. Supone la ampliación del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, referido a los supuestos en que los ayuntamientos adopten decisiones contra el orden constitucional.

Otra medida de aislamiento de Batasuna aprobada por el PSOE, a propuesta del PP, consistió en la presentación de mociones en el Parlamento y ayuntamientos vascos para que todas las instituciones del País Vasco retiren las subvenciones a Batasuna. Los socialistas propusieron que esta medida se traslade a la Comisión Técnica vasca, que preside el consejero de Interior, Javier Balza, con la pretensión de que el PNV se comprometa con ella. También acordaron PP y PSOE que todas las decisiones que se adopten conjuntamente sobre el aislamiento de Batasuna -como las mociones de censura en los ayuntamientos con alcaldías del entorno de ETA- se lleven a la mesa vasca de partidos para que el PNV también participe en ellas. Los representantes vascos en la reunión, Carlos Urquijo, del PP, y Víctor García, del PSOE, destacaron la tarea positiva que está desarrollando la mesa vasca de seguridad que preside Balza, y expresaron su desacuerdo con los recelos del Ministerio del Interior hacia la misma.

La creación de un fondo público, bajo control presupuestario, pretende financiar tanto los escoltas de los concejales como los permisos laborales y las vacaciones de los ediles amenazados por ETA. Fue la tercera novedad acordada. El PSOE propuso que la ley de financiación de partidos lo recoja. Este fondo público no contradice la posibilidad de que existan también ayudas privadas, que se canalizarán a través de fundaciones como la de Víctimas del Terrorismo. Inicialmente, el PP planteaba la creación de un fondo con aportaciones de particulares y empresas, que obtendrían beneficoios fiscales.

La sesión se cerró con un acuerdo generalizado sobre las medidas de respaldo a los concejales presentadas en los documentos del PP y PSOE, a las que el secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, dará forma jurídica. Así, los ayuntamientos se personarán como acusación particular en los procedimientos penales por delitos contra concejales; será causa de inelegibilidad la condena, aún sin sentencia firme, por delitos contra concejales; los interventores municipales no tendrán que ser necesariamente residentes en el País Vasco; se garantizará la confidencialidad del registro de intereses y se podrán adoptar medidas excepcionales de gobierno en los municipios amenazados.