El Gobierno vasco plantea que Interior pague la mitad de las mejoras en la seguridad de los ediles

La comisión de seguridad del País Vasco, que reúne al Departamento de Interior y representantes del PNV, PP, PSE, EA e IU, decidió ayer reforzar la seguridad de los concejales del PP y el PSE en los municipios de 'mayor riesgo'. En su segunda reunión, a la que tampoco acudió ningún representantes del Ministerio del Interior, resolvió proponer a este departamento del Gobierno central que asuma la mitad del gasto que suponga aumentar la protección de las sedes de partidos y los domicilios de los cargos amenazados. El Gobierno vasco volvió a instar al ministerio a reconsiderar su ausencia.
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La comisión de seguridad del País Vasco, que reúne al Departamento de Interior y representantes del PNV, PP, PSE, EA e IU, decidió ayer reforzar la seguridad de los concejales del PP y el PSE en los municipios de 'mayor riesgo'. En su segunda reunión, a la que tampoco acudió ningún representantes del Ministerio del Interior, resolvió proponer a este departamento del Gobierno central que asuma la mitad del gasto que suponga aumentar la protección de las sedes de partidos y los domicilios de los cargos amenazados. El Gobierno vasco volvió a instar al ministerio a reconsiderar su ausencia.

Los concejales del PP y el PSE de determinadas zonas consideradas de especial riesgo verán incrementadas sus actuales medidas de seguridad, según la decisión adoptada por la comisión técnica. La comisión aprobó igualmente una propuesta de la consejería que encabeza Javier Balza para pedir al ministerio, de nuevo ausente del cónclave, que se haga cargo del 50% del coste de las medidas suplementarias de protección que se adopten para vigilar las sedes de partidos y los domicilios de cargos amenazados. La comisión tomó como referencia del gasto probable una estimación realizada por el PP y el PSE, que lo sitúa en torno a los 600.000 euros.

Los reunidos efectuaron un análisis exhaustivo de la situación en cada ayuntamiento vasco, que fue expuesta por el viceconsejero de seguridad, Mikel Legarda. El riesgo y la conflictividad de cada municipio se definieron según un 'mapa' elaborado por el Departamento de Interior, que ayer conocieron los partidos y al que no se dará publicidad.

La consejería puso sobre la mesa ese trabajo elaborado por sus analistas, en el que se definen las zonas más peligrosas y de 'mayor riesgo' para los concejales y de acuerdo con el cual se adecuarán también las medidas de protección personal, así como de los domicilios y negocios de los ediles y las sedes o locales de los partidos. Interior elaboró este 'mapa de riesgos' cruzando datos estadísticos de incidentes y sabotajes, indicios de existencia o no en la comarca de comandos de ETA o grupos organizados de violencia callejera, amenazas y ataques ocurridos.

Los participantes excusaron ofrecer información alguna sobre ese 'mapa' por razones 'obvias' de seguridad, y para evitar dar pistas a ETA sobre los sitios donde los ediles se encontrarán más protegidos y, por exclusión, de aquéllos donde lo estarán menos.

El portavoz del Gobierno autónomo, Josu Jon Imaz, hizo otro llamamiento al ministerio para que se incorpore a las reuniones. Imaz reivindicó el papel de la Junta de Seguridad, el único órgano que reconoce el ministerio que dirige Mariano Rajoy, pero destacó la importancia en el momento actual de 'crear espacios de colaboración' entre los partidos y afirmó que 'cada foro tiene su competencia'. Los partidos valoraron el resultado del encuentro, pero el PP puntualizó que todas las medidas que se adopten serán 'parches' mientras no se aísle a Batasuna.