Montoro pide a las autopistas que rebajen el precio de los peajes

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que el aumento extraordinario de beneficios que han tenido las concesionarias de autopistas justifican una reducción de los peajes con cargo a las empresas. Montoro rechazó una aportación gubernamental equivalente al impuesto de valor añadido (IVA) porque, dijo, sería una ayuda de Estado inviable tras la sentencia del Tribunal Europeo. El ministro añadió una segunda razón para la rebaja de la tarifa: que provoca un aumento del tráfico y, con ello, de los ingresos.

Las concesionarias de autopistas son empresas 'reguladas', explicó ...

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que el aumento extraordinario de beneficios que han tenido las concesionarias de autopistas justifican una reducción de los peajes con cargo a las empresas. Montoro rechazó una aportación gubernamental equivalente al impuesto de valor añadido (IVA) porque, dijo, sería una ayuda de Estado inviable tras la sentencia del Tribunal Europeo. El ministro añadió una segunda razón para la rebaja de la tarifa: que provoca un aumento del tráfico y, con ello, de los ingresos.

Las concesionarias de autopistas son empresas 'reguladas', explicó Montoro, que deben mantener una proporción entre beneficios y costes. Cuando los beneficios aumentan de forma extraordinaria, lo que corresponde es una reducción de los precios, que a la vez estimulan la demanda, declaró el ministro a Catalunya Ràdio. Las empresas, remachó en unas declaraciones hechas tras la reunión en la que se firmó el nuevo sistema de financiación autonómica, tienen margen suficiente para asumir estas rebajas.

'Desde el Gobierno hemos de insistir a las empresas concesionarias que asuman parte del incremento de los peajes por el IVA impuesto en Europa, desde el convencimiento de que es lo que conviene a estas empresas para seguir favoreciendo el incremento del tráfico y el de sus ingresos a través de una mejora del servicio y con unos peajes más baratos y accesibles', afirmó Montoro.

'La posición del Gobierno de España es abaratar los peajes y, por eso, promovemos una reducción del IVA', agregó, para concluir que es imposible que las empresas dejen de ingresar una cantidad equivalente a la de los impuestos y que sean compensadas por ello por el Gobierno central ya que, afirmó, esto sería una subvención encubierta que podría ser considerada una ayuda de Estado.

Comisión restringida

Las declaraciones del ministro fueron mal acogidas por los partidos catalanes. Joan Boada, de ICV, atribuyó al Gobierno central la voluntad de reventar el acuerdo suscrito por los partidos catalanes y las fuerzas representadas en la Declaració de Gelida. Manel Nadal (PSC) pidió prudencia para lograr un acuerdo global en el que esté implicado los gobiernos catalán y central y las empresas.

El portavoz oficial de ACESA declinó comentar las palabras del ministro y se remitió al acuerdo de la declaración de Gelida, en el que se propone la reforma del sistema global de peajes con aportaciones de las empresas y de las administraciones.

Jordi Carrillo, de la Declaración de Gelida, aseguró que se mantendría en silencio para no interferir en las negociaciones.

Mientras tanto, el Gobierno catalán mantenía una reunión con un grupo reducido de la comisión creada por el Parlament para el estudio de los peajes. A la misma asistieron representantes del Departamento de Política Territorial, el PP, el PSC y ACESA. En la misma, el representante gubernamental explicó que el Gobierno catalán pretende que en breve estén en marcha una rebaja del peaje de Rubí-Les Fonts para usuarios habituales, una nueva salida en Mollet y una actuación sobre la Nacional II en el Maresme.

Los asistentes opinaron que el acuerdo de Gelida habla de un modelo global y que las medidas propuestas eran tan parciales que, asumiéndolas, era preferible enmarcarlas en un pacto general. Las concesionarias, explicó un representante de las mismas, no desean una política de goteos, sino un acuerdo marco estable y que zanje de una vez el problema de la discriminación entre los usuarios catalanes y el resto de España.