Bruselas reclama a España que aumente el fondo de pensiones

La Comisión exige más información

Las objeciones de la Comisión suponen un borrón inesperado al Plan de Estabilidad de España, que por lo demás será aprobado sin más problemas hoy por el Ejecutivo comunitario. Pero, en el apartado dedicado a las pensiones, Bruselas considera que el Gobierno español debe dedicar más dinero al fondo de reserva para asegurar el futuro del sistema público. Este fondo se nutre de los excedentes de la Seguridad Social, aunque no todo el dinero sobrante se ha dedicado a este fin. De hecho, el Ejecutivo español ha utilizado en los dos últimos ejercicios (1999 y 2000) más de 700.000 millones de pesetas...

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Las objeciones de la Comisión suponen un borrón inesperado al Plan de Estabilidad de España, que por lo demás será aprobado sin más problemas hoy por el Ejecutivo comunitario. Pero, en el apartado dedicado a las pensiones, Bruselas considera que el Gobierno español debe dedicar más dinero al fondo de reserva para asegurar el futuro del sistema público. Este fondo se nutre de los excedentes de la Seguridad Social, aunque no todo el dinero sobrante se ha dedicado a este fin. De hecho, el Ejecutivo español ha utilizado en los dos últimos ejercicios (1999 y 2000) más de 700.000 millones de pesetas de estos excedentes para cubrir el déficit público y conseguir así el equilibrio presupuestario.

Los 12 países de la zona euro deben aportar cada año a Bruselas sus respectivos planes de estabilidad para ser examinados por la Comisión, que eventualmente emite sus avisos o recomendaciones. Esta vez, además de pedir que España destine más dinero al fondo de reserva, la Comisión considera que las dos páginas que el Gobierno ha destinado a analizar el futuro de las pensiones 'no proporcionan información detallada'.

Entre otras críticas, el Ejecutivo comunitario considera que, dado el creciente envejecimiento de la población, las estimaciones sobre la viabilidad del sistema de pensiones deberían llegar hasta 2020. El documento enviado por España sólo analiza la situación hasta 2015.

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