El Plan de Inmigración andaluz combatirá el fraude laboral, que afecta al 36% de los contratos

El Gobierno andaluz aprobó ayer el primer Plan Integral de la Inmigración que se aplicará en Andalucía, dotado con más de 306 millones de euros (unos 51.000 millones de pesetas) en sus cuatro años de vigencia (2001-2004). La atención educativa absorbe cerca del 38% del presupuesto, pero como medidas novedosas resalta la creación de una inspección específica para luchar contra el fraude en la contratación de extranjeros, que afecta al 36% de los casos. El Gobierno andaluz, además, presentará una queja ante el Defensor del Pueblo por el traslado de inmigrantes desde Las Palmas.

La creació...

El Gobierno andaluz aprobó ayer el primer Plan Integral de la Inmigración que se aplicará en Andalucía, dotado con más de 306 millones de euros (unos 51.000 millones de pesetas) en sus cuatro años de vigencia (2001-2004). La atención educativa absorbe cerca del 38% del presupuesto, pero como medidas novedosas resalta la creación de una inspección específica para luchar contra el fraude en la contratación de extranjeros, que afecta al 36% de los casos. El Gobierno andaluz, además, presentará una queja ante el Defensor del Pueblo por el traslado de inmigrantes desde Las Palmas.

La creación de un servicio específico de inspección para combatir el fraude en la contratación de trabajadores extranjeros, que se enmarcará en el seno de la comisión de migraciones del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, es una petición de CC OO y UGT, que cuenta con el visto bueno de la Administración central, que tiene las competencias sobre inspección laboral, y autonómica, que vigila los aspectos relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo.

El consejero Alfonso Perales explicó que el 36% de los contratos suscritos por inmigrantes es irregular, ya sea porque el trabajador carece de documentos, ya porque se incumple algún otro aspecto laboral. Además del empleo, Perales citó el alojamiento, la sanidad y la educación como los pilares básicos para la integración de los inmigrantes en Andalucía, donde residían, a finales de 2000, alrededor de 150.000 extranjeros no comunitarios.

Alojamientos temporales

Las medidas en materia de vivienda disponen de una herramienta específica para los trabajadores temporeros, a través del decreto pactado entre Junta y Gobierno para impulsar la construcción de viviendas o unidades habitacionales en aquellos municipios andaluces con más demanda de mano de obra estacional, ligada a la actividad agrícola. Perales informó ayer de que, en la actualidad, están en marcha alrededor de 1.300 unidades habitacionales en toda Andalucía, de ellas 632 se localizan en Huelva y 244 en Almería. El decreto seguirá vigente durante este año.

Tanto la atención sanitaria como la escolarización de hijos de inmigrantes son actuaciones que la Junta presta desde hace años en Andalucía y que ahora se incluyen como dos apartados sustanciales del plan integral. La actividad educativa absorbe casi el 38% del presupuesto previsto para los cuatro años de vigencia (2001-2004), que asciende a 306.315.493 euros (casi 51.000 millones de pesetas).

En sanidad se han presupuestado 39,5 millones de euros (alrededor de 6.575 millones de pesetas) para el cuatrienio. Perales destacó que la Administración andaluza, que atiende a los extranjeros sin tener en cuenta su situación administrativa, distribuyó 45.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes y 80.000 carpetas con historias clínicas portátiles durante 2001.

En conjunto, el plan se desglosa en 172 medidas, cuyo seguimiento será sometido a una evaluación externa. Perales elogió el documento, que es el segundo plan integral de inmigración que elabora un Gobierno autonómico, después del madrileño.

El consejero, después del Consejo de Gobierno que dio luz verde al documento, repasó la situación de la inmigración en Andalucía que, a su juicio, se caracteriza por 'el descontrol extraordinario' de los flujos inmigratorios, cuya ordenación compete a la Administración central. Prueba de ello son las entradas de irregulares a través de aeropuertos o pateras, aunque esta vía es utilizada sólo en el 15% de los casos.

Perales señaló que la evolución de la cifra de detenidos cuando trataban de desembarcar en la costa demuestra que el 'discurso de la dureza del Gobierno no ha disuadido a nadie'. En 1999 las detenciones se limitaron a 3.569 personas mientras que en 2001, hasta el 1 de diciembre, se superaron las 17.000. 'La nueva ley, absurdamente severa, ha sido insuficiente para resolver los problemas de la inmigración', indicó.

El bloqueo de los convenios firmados entre España y varios países contribuye, según el consejero, a mantener el trasiego clandestino de inmigrantes. El desarrollo de estos acuerdos permitiría impulsar los contratos en origen de los trabajadores. Alfonso Perales señaló que, después de un año de aplicación del Plan, las principales trabas para favorecer la integración y la convivencia obedecen 'a la gran bolsa de indocumentados'.

Después de asegurar que en Andalucía 'pagamos las consecuencias de una negativa política de inmigración del Gobierno', instó al Ejecutivo a que evite 'la deriva de inmigrantes' entre comunidades. Perales anunció que la Junta presentará una queja ante el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, contra el alcalde de Las Palmas, José Manuel Soria (PP), por el traslado de inmigrantes a la península. El consejero también arremetió contra el 'vocerío irresponsable' del PP por criticar el anuncio de Manuel Chaves de viajar a Marruecos.