Los norteamericanos apoyan las restricciones impuestas por Bush por la lucha antiterrorista

La marea del 11 de septiembre lo arrasa todo. Los estadounidenses parecen haber entregado un cheque en blanco a George W. Bush para que haga la guerra al terrorismo como sea y donde sea, y el presidente y su Gobierno hacen un uso intensivo de ese respaldo sin condiciones. El fiscal general, John Ashcroft, que deberá comparecer dentro de unos días ante el Congreso para explicar medidas tan discutibles como la creación de tribunales militares o las detenciones indiscriminadas de extranjeros, ha desafiado a los parlamentarios críticos: son 'voces minoritarias y negativas ahogadas por el clamor de...

La marea del 11 de septiembre lo arrasa todo. Los estadounidenses parecen haber entregado un cheque en blanco a George W. Bush para que haga la guerra al terrorismo como sea y donde sea, y el presidente y su Gobierno hacen un uso intensivo de ese respaldo sin condiciones. El fiscal general, John Ashcroft, que deberá comparecer dentro de unos días ante el Congreso para explicar medidas tan discutibles como la creación de tribunales militares o las detenciones indiscriminadas de extranjeros, ha desafiado a los parlamentarios críticos: son 'voces minoritarias y negativas ahogadas por el clamor del público', dice.

Uno de cada cuatro estadounidenses cree que no se actúa con la dureza suficiente

Hace menos de un año, George W. Bush era un presidente elegido por los pelos, con menos votos que su adversario y sin un mandato claro. Su candidato a la fiscalía general, John Ashcroft, era un político acabado, derrotado por un cadáver (su rival en las elecciones al Senado por Misuri murió en plena campaña y su viuda, una ama de casa, ganó el escaño) y denostado por su historial racista y ultraconservador. Hoy, Bush es el presidente con más poder y popularidad desde Franklin Roosevelt, y Ashcroft se permite mofarse de un Congreso empequeñecido ante una Casa Blanca de tamaño imperial.

Ashcroft convenció al Senado para que aprobara su paquete de medidas antiterroristas, con el argumento de que le permitirían detener 'de forma inmediata' a 'varios terroristas peligrosos'. El Senado aceptó endurecer penas y ampliar los poderes policiales. Rechazó, sin embargo, las detenciones ilimitadas que reclamaba el fiscal general. Por el momento, que se sepa, Ashcroft no ha detenido a ningún 'terrorista peligroso'. Pero ha echado mano de las normas administrativas sobre inmigración para burlar al Senado y mantener en prisión indefinida a cientos de ciudadanos extranjeros, entre ellos cuatro españoles. Miembros del Comité Judicial del Congreso le reclamaron que hiciera públicos, al menos, los nombres de los detenidos. Ashcroft se negó, con el argumento de que eso 'perjudicaría a la investigación'.

Más dureza

La frustración parlamentaria con Ashcroft es inmensa, pero muy pocos senadores y representantes se atreven a expresarla de forma abierta. Todos los sondeos demuestran que la opinión pública está con Bush y con Ashcroft. Uno de cada cuatro estadounidenses considera incluso que no se actúa con la dureza suficiente y que son necesarias más restricciones en los derechos civiles. La población negra, que antes del 11 de septiembre se indignaba ante el hecho de que su raza bastara para suscitar las sospechas policiales, apoya aún más que la población blanca (75% contra 64%) que se interrogue sistemáticamente a los ciudadanos de origen árabe. 'Los afroamericanos parecen decir que todo está bien si los perseguidos no son ellos', admite Earl Ofari Hutchinson, presidente de la Alianza Nacional para la Acción Positiva. 'El 11 de septiembre lo ha cambiado todo', agrega, y 'el peligro es inmenso: cuando todo esto haya pasado, ¿cómo daremos marcha atrás para que la discriminación racial vuelva a ser vista como algo perverso?'.

No hay dique contra la marea. El jefe de policía de Portland (Oregón), Mark Kroeker, se convirtió en un héroe para los defensores de los derechos civiles cuando se negó a practicar los interrogatorios a los inmigrantes musulmanes ordenados por Ashcroft, por considerarlos discriminatorios. Pero el Ayuntamiento de Portland ha recibido millares de protestas por la decisión de Kroeker. 'Consideramos que Oregón se ha convertido en un refugio de terroristas', decía un mensaje. 'Me da vergüenza ser de Oregón', decía otro. 'Portland está adquiriendo mala fama en todo el país', admitió un portavoz municipal.

Las detenciones masivas de extranjeros reciben el aplauso del público, y Ashcroft presume de ellas: 'Estamos sacando de nuestras calles a presuntos terroristas que violan la ley', declaró el viernes. Las 'violaciones de la ley' son, normalmente, muy menores. Un turista español, Á. F. N., de 45 años, ha pasado ya más de un mes en prisión porque su visado estaba caducado. En otros casos no hubo infracción alguna. Osama el Far, un egipcio de 30 años, mecánico de aviación, fue detenido en Misouri porque un compañero de trabajo le denunció al FBI como 'un musulmán extranjero con acceso al aeropuerto'. Tras dos meses en la cárcel, su abogada aceptó, como mal menor, que le deportaran a Egipto; la alternativa era seguir en prisión, sin otra acusación que la de ser quien era y estar donde estaba.