La Junta analizará la 'posible ilegalidad' del plan aprobado por la UE para la flota de Marruecos

Plata propone al Gobierno central que 'repare' con fondos nacionales 'el daño' al sector

Los servicios jurídicos de la Junta analizarán en los próximos días la 'posible ilegalidad' de algunos de los acuerdos que, por unanimidad, los ministros de Pesca de la Unión Europea incluyeron el pasado martes en el plan de reestructuración para la flota que operaba en Marruecos. El consejero de Agricultura, Paulino Plata, se reunió ayer con representantes de armadores y pescadores de la comunidad a los que indicó que existen 'serias dudas' sobre algunas disposiciones del reglamento que acompaña al plan; en especial, aquellas que obligarían a muchos de los armadores que quieran formar socied...

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Los servicios jurídicos de la Junta analizarán en los próximos días la 'posible ilegalidad' de algunos de los acuerdos que, por unanimidad, los ministros de Pesca de la Unión Europea incluyeron el pasado martes en el plan de reestructuración para la flota que operaba en Marruecos. El consejero de Agricultura, Paulino Plata, se reunió ayer con representantes de armadores y pescadores de la comunidad a los que indicó que existen 'serias dudas' sobre algunas disposiciones del reglamento que acompaña al plan; en especial, aquellas que obligarían a muchos de los armadores que quieran formar sociedades mixtas a devolver las ayudas que recibieron de la UE para la construcción de sus buques.

Plata consideró que el plan comunitario -dotado con unos 33.000 millones de pesetas, el 46% destinado a ayudas al desguace- deja al sector pesquero en una situación 'crítica'. Una situación que se agravaría si algunos armadores se ven obligados a devolver ayudas. El consejero de Agricultura indicó que, según el reglamento comunitario, los barcos menores de cinco años que recibieron fondos para su construcción o modernización, tendrían que devolverlos si quieren acogerse a las líneas de subvención al desguace, exportación o sociedades mixtas Una norma que se extiende a los barcos de entre cinco y nueve años en el caso de que quieran constituir sociedades mixtas.

'Ese efecto retroactivo de la norma nos parece que es una ilegalidad y significa simplemente que con una mano ofrecen dinero, pero por otra parte van a conseguir retornos muy importantes de ayudas que se concedieron hasta hace 9 años sin ningún tipo de condicionante', dijo Plata.

El consejero de Agricultura también planteó a armadores u pescadores elaborar en los próximos días un diagnóstico de cómo quedará el sector tras la aprobación del plan comunitario. Con esa información, la Junta reclamará al Gobierno central la firma de un convenio para que las dos Administraciones aprueben fondos complementarios al plan. 'Debemos aportar soluciones' para reparar los daños que el Gobierno ha causado con su incapacidad negociadora en Bruselas'.

Plata criticó que el reglamento no haya suprimido el límite de antigüedad en los barcos (más de cinco años) para que puedan constituir sociedades mixtas con otros países, una norma que afecta a 40 de los 167 pesqueros andaluces que faenaban en Marruecos. Y también expresó sus dudas sobre la eficacia de las ayudas para modernizar barcos que, sin la opción de las sociedades mixtas, no encontrarán caladero. El consejero recordó que, desde noviembre de 1999, sólo 13 de los 205 barcos que pararon ante la falta de convenio con Marruecos han logrado reubicarse.

El presidente de los armadores andaluces, Pedro Maza, sostuvo que el sector andaluz es 'el más perjudicado', mientras que Juan Pedro Moreno, representante de CCOO, aseguró que sólo 120 de los 1.200 tripulantes de barcos andaluces podrán aportar la documentación necesaria para recibir ayudas.

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Pese a estas declaraciones, la presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, valoró el plan de reestructuración de la UE al considerar que aumentan en un 20% las ayudas previstas inicialmente y que el acuerdo 'satisface a todos los sectores afectados'. Al mismo tiempo, instó a la Junta de Andalucía a acabar con sus críticas y a destinar una aportación económica similar a la de 4.000 millones de pesetas que, según dijo, consignará el Gobierno central para ayudar al sector pesquero español.

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