La máquina de cometer errores
SOSTIENE UN COLUMNISTA HABITUAL que en toda legislatura siempre hay un momento en el que el Gobierno de turno pone a funcionar la máquina de cometer errores. A pesar de su mayoría absoluta, esto es lo que parece estar ocurriéndole al PP, que cada día que pasa abre un frente nuevo por su mala administración. Ha sido el caso de Gescartera, que tanto ha deteriorado su credibilidad (la intervención de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, la pasada semana en el Parlamento fue un ejemplo de tosquedad y crispación, tan análogos de los que utilizó el PP en su largo periodo de oposición), y lo está...
SOSTIENE UN COLUMNISTA HABITUAL que en toda legislatura siempre hay un momento en el que el Gobierno de turno pone a funcionar la máquina de cometer errores. A pesar de su mayoría absoluta, esto es lo que parece estar ocurriéndole al PP, que cada día que pasa abre un frente nuevo por su mala administración. Ha sido el caso de Gescartera, que tanto ha deteriorado su credibilidad (la intervención de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, la pasada semana en el Parlamento fue un ejemplo de tosquedad y crispación, tan análogos de los que utilizó el PP en su largo periodo de oposición), y lo está siendo el trámite de la ley de universidades, contestado desde todos los segmentos de la sociedad. Ahora se añade un tercer tema: la subida de impuestos y el vaciamiento de la discusión presupuestaria.
El Gobierno 'vende' la bajada de impuestos y sube la presión fiscal; dice que el enfriamiento es para los demás, y todos los organismos le corrigen y reducen la previsión de crecimiento de nuestro país. Y todo ello, sin debate
Cuando hace unas semanas Montoro presentó los Presupuestos del Estado, las ideas centrales de su mensaje fueron las siguientes: no pasa nada en la economía española; la recesión es para otros; nosotros seguiremos creciendo a velocidad de crucero; nuestro ciclo económico es semiautónomo de los de nuestro entorno. Como consecuencia, el objetivo del equilibrio presupuestario permanece.
Ha sucedido desde entonces que, uno tras otro, todos los organismos que hacen pronósticos (FMI, OCDE, Comisión Europea, servicios de estudios privados) han corregido sustancialmente las previsiones del Gobierno por increíbles: habrá menos crecimiento y más déficit. Con las orejas gachas, el ministro ha admitido la rebaja, pero ha mantenido el dogma del déficit cero como línea recta en la que actuar.
El truco se ha confirmado al conocerse los datos de un informe anual de la Administración del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda: la presión fiscal ha subido en España desde el 33,7% del PIB en 1996 (año en que empezó a gobernar el PP) al 35,7% en el año 2000. Al mismo tiempo, el gasto público ha caído desde el 43,7% del PIB hasta el 39,8% en las mismas fechas. Acabáramos: la realidad es contraria a lo publicitado con tanta retórica: no ha habido reducción de impuestos, sino sólo del IRPF (impuesto directo), a cambio de una subida espectacular de los impuestos indirectos. Esta transferencia fiscal se hace más regresiva si se añade la reducción de la inversión pública. Pero además, desde 1998, el Gobierno no ha deflactado la tarifa del impuesto sobre la renta ni las deducciones, con lo que una parte de lo que ganaban los ciudadanos (los que lo ganaban) lo perdían con esta falta de actualización del impuesto.
Sorpresivamente, en medio de la discusión parlamentaria de los Presupuestos para 2002 y poco después de cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas sobre financiación, que incorporaba las transferencias sanitarias, el Gobierno anuncia nuevas subidas de impuestos indirectos (hidrocarburos, alcohol y tabacos) para financiar la sanidad pública. Es decir, además de rebajar el crecimiento económico para este año y el próximo, el Ejecutivo da una nueva vuelta de tuerca en la presión fiscal y genera un mecanismo atípico para la financiación sanitaria. Como ha explicado el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el doctor Sánchez Bayle, el mecanismo arbitrado para financiar la sanidad tiene dos inconvenientes centrales: grava al consumo (y por tanto no tiene efectos redistributivos, ya que acabará trasladándose al conjunto de la población por la vía de los precios) y no va a ser equitativo, porque la capacidad recaudatoria de las comunidades autónomas es muy distinta y está relacionada con los niveles de renta de cada una de ellas, y no con sus necesidades de salud.
¿Habrá que contemplar que el PP devenga en un partido abanderado de la subida de impuestos además de distribuirlos tan regresivamente? Y todo ello, sin información, fuera del Parlamento y sin debate público. ¿Quién da más en menos tiempo?
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