El Ejecutivo central rechaza indultar a los condenados por el sabotaje de Itoiz
El Gobierno central ha rechazado el indulto solicitado por Ecologistas en Acción para los ocho miembros de Solidarios con Itoiz condenados a penas de cuatro años y diez meses de prisión por el secuestro de un vigilante privado de la presa de Itoiz. La resolución del Ejecutivo, que estudió las peticiones individuales de indulto en el Consejo de Ministros del 14 de septiembre pasado, ha sido recientemente notificada a los abogados de los solidarios. Las resoluciones denegatorias se limitan a señalar que 'no se ha considerado oportuna' la concesión de la medida de gracia.
Actualment...
El Gobierno central ha rechazado el indulto solicitado por Ecologistas en Acción para los ocho miembros de Solidarios con Itoiz condenados a penas de cuatro años y diez meses de prisión por el secuestro de un vigilante privado de la presa de Itoiz. La resolución del Ejecutivo, que estudió las peticiones individuales de indulto en el Consejo de Ministros del 14 de septiembre pasado, ha sido recientemente notificada a los abogados de los solidarios. Las resoluciones denegatorias se limitan a señalar que 'no se ha considerado oportuna' la concesión de la medida de gracia.
Actualmente, sólo uno de los ocho condenados por el sabotaje de las obras de Itoiz, en la madrugada del 6 de abril de 1996, se encuentra en prisión: Iñaki García Koch, detenido por la Guardia Civil el 25 de junio pasado en León, al ser identificado en un control de carretera.
García Koch permanece ingresado en la cárcel de Pamplona y desde agosto ha sido clasificado por Instituciones Penitenciarias como preso FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), una calificación reservada a los miembros o colaboradores de bandas armadas y a reclusos muy peligrosos. Los otros siete condenados -Urko Ramón Iratí, Julio Martín Villanueva, Pedro Miguel Lusarreta, Ignacio Erviti, Txomin Yubero, Iñigo Unai Trepiana e Ibai Ederra- están en paradero desconocido y sobre ellos pesan sendas órdenes de busca y captura.
El Tribunal Supremo les impuso en julio de 1999 multas de 500.000 pesetas por los daños producidos al cortar con motosierras los blondines de acero que servían para la construcción del dique principal de la presa, y les condenó a penas de cuatro años y diez meses de cárcel por la 'detención ilegal' de un vigilante jurado, al que golpearon y maniataron en su garita cinco minutos para facilitar el sabotaje. Los condenados aducieron en su defensa un 'estado de necesidad ambiental' por 'las nocivas consecuencias que el pantano tendrá para el medio ambiente'.
Campaña en Europa
En otoño de ese año, la Audiencia Provincial de Navarra ordenó el ingreso en prisión de todos ellos, pero los solidarios abandonaron España e iniciaron una campaña en varios lugares de Europa para reclamar la paralización de las obras en Itoiz. Se encaramaron a lugares como la Puerta de Brandemburgo, en Berlín; la cúpula de la basílica de San Pedro, en Roma, o la fachada del tribunal de La Haya.
La pena fue duramente criticada por las defensas, que han recurrido la sentencia al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al tiempo que la coordinadora de organizaciones de defensa medioambiental de España, Ecologistas en Acción, solicitaba el indulto ahora rechazado. Cinco años después del sabotaje, no existe un informe pericial acreditando el coste de los daños producidos.