1.500 funcionarios ven en el aire sus puestos por la ilegalidad del concurso de traslados
El Ejecutivo reconoce que el nuevo tribunal puede dejar sin efecto las adjudicaciones realizadas
La ilegalidad del concurso de traslados organizado por el Gobierno vasco en 1998 amenaza con convertirse en un desastre administrativo. Los 1.500 funcionarios que lograron plaza se encuentran ahora con que pueden estar ocupando un puesto de manera ilícita, dado que se lo adjudicó una comisión nombrada por el Gobierno que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El propio Ejecutivo ha admitido que tendrá que nombrar un nuevo tribunal para evaluar los méritos y que éste podría dejar sin efecto las adjudicaciones.
Según la sentencia del Tribunal Superio...
La ilegalidad del concurso de traslados organizado por el Gobierno vasco en 1998 amenaza con convertirse en un desastre administrativo. Los 1.500 funcionarios que lograron plaza se encuentran ahora con que pueden estar ocupando un puesto de manera ilícita, dado que se lo adjudicó una comisión nombrada por el Gobierno que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El propio Ejecutivo ha admitido que tendrá que nombrar un nuevo tribunal para evaluar los méritos y que éste podría dejar sin efecto las adjudicaciones.
Según la sentencia del Tribunal Superior (ver EL PAÍS del 1 de noviembre), los integrantes de la comisión evaluadora deben ser funcionarios de carrera, condición que no se daba en varios de ellos. Incluso algunos eran interinos y sus propias plazas estaban en juego. El tribunal dio así la razón a UGT, único sindicato que recurrió la composición de la comisión. A las 1.500 vacantes de la Administración general que salieron en el concurso (el único organizado por el Ejecutivo en los últimos diez años) concurrieron cerca de 4.000 funcionarios. La toma de posesión definitiva de los últimos destinos se produjo en mayo de 2000. La Administración general vasca está formada por unos 5.000 trabajadores.
El escenario que se le presenta a la Administración para resolver el desaguisado es complejo. Muchas plazas cubiertas por funcionarios mediante este procedimiento ilegal estaban ocupadas en su momento por interinos, de modo que éstos podrían recuperar su puesto en tanto se realiza una nueva convocatoria. Por otra parte, tanto los funcionarios de carrera que consiguieron un destino en un territorio diferente al aquel en el que tenían su residencia como los interinos que perdieron su puesto o fueron a plazas con menores retribuciones podrían reclamar por el perjuicio patrimonial que se les ha causado.
Participación sindical
Además de declarar ilegal la comisión evaluadora, el Tribunal Superior también anula la fecha para que los participantes en el concurso acrediten los méritos exigidos. El Gobierno fijó en su momento que la fecha era la publicación de la convocatoria del concurso en el Boletín Oficial del País Vasco, mientras que la sentencia establece la fecha en la que los aspirantes debían reunir los méritos y requisitos era la finalización del plazo de presentación de solicitudes. El Gobierno ha reconocido en una comunicación interna que la actividad evaluadora del nuevo tribunal (en el que deben estar representados todos los sindicatos y no sólo ELA, como en el anterior) puede suponer que se dejen sin efecto algunas de las adjudicaciones realizadas en su día. 'Puede suceder que se deba cambiar la adjudicación [de las plazas] por otra distinta. También que quien no resultó adjudicatario de plaza alguna, ahora resulte adjudicatario. Y a la inversa: quien resultó ser adjudicatario, ahora no obtenga plaza alguna'.
La conclusión es clara: hoy no se sabe con certeza qué plazas se van a adjudicar en el concurso de traslados de 1998. Por igual razón, se desconocen las plazas que van a resultar vacantes a consecuencia de este concurso.
La imposibilidad de concretar las vacantes abre un nuevo flanco en la Administración: reconsiderar la oferta de plazas libres que se sacan en el concurso de traslados convocado en septiembre de 2000, lo que obliga a aplazar su resolución. La demora en resolver este concurso de traslados incide, a su vez, en las plazas concretas a sacar en la oferta pública de empleo (OPE), cuyos exámenes se celebraron el año pasado en varias especialidades. La Administración ofertó 750 plazas y se presentaron más de 30.000 ciudadanos. Los opositores seleccionados deben ocupar plazas vacantes libres, es decir, sin funcionario titular. Ahora bien, estas plazas, aun existiendo, no se sabe cuáles son hasta que los concursos de traslados se resuelvan. Por lo tanto, los opositores que han logrado aprobar ahora no saben si la plaza por la que han luchado está vacante. En cualquier caso, el Instituto Vasco de Administración Pública pretende publicar listas de aprobados el viernes.
El actual lehendakari, Juan José Ibarretxe, era el consejero de Hacienda y Administración Pública cuando se convocó el concurso, mientras que la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, era la secretaria general de la Oficina de Modernización Administrativa, encargada de informar de todos los proyectos relativos a la Función Pública.