EE UU suspende el secreto entre los detenidos y sus abogados

El agresivo cerco al terrorismo ha llegado incluso al corazón de uno de los derechos más sagrados en la democracia estadounidense: la comunicación confidencial entre un detenido y su abogado. Ya no existe. Por orden del secretario de Justicia, John Ashcroft, a partir de ahora se pueden grabar todas las conversaciones entre cliente y letrado cuando se crea necesario para prevenir el terrorismo.

Las organizaciones de derechos civiles y los colegios de abogados reaccionaron ayer calificando la medida como 'abominable e inconstitucional' y amenazaron con desafiarla en los tribunales.
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El agresivo cerco al terrorismo ha llegado incluso al corazón de uno de los derechos más sagrados en la democracia estadounidense: la comunicación confidencial entre un detenido y su abogado. Ya no existe. Por orden del secretario de Justicia, John Ashcroft, a partir de ahora se pueden grabar todas las conversaciones entre cliente y letrado cuando se crea necesario para prevenir el terrorismo.

Las organizaciones de derechos civiles y los colegios de abogados reaccionaron ayer calificando la medida como 'abominable e inconstitucional' y amenazaron con desafiarla en los tribunales.

Una unidad especial de policía se encargará de escuchar y de interceptar el correo de los sospechosos recluidos en una de las 100 prisiones federales de EE UU. De momento afecta a los cerca de 1.200 detenidos como parte de la masiva investigación de los atentados del 11 de septiembre, tanto si les han imputado cargos como si cumplen prisión preventiva. La mayoría están en esta última situación -por delitos menores como falsificación de documentos o violaciones inmigratorias-, aunque la cifra exacta se desconoce.

Ashcroft firmó la orden 'con carácter de emergencia' acogiéndose a la discreción que le otorga el nuevo marco legal antiterrorista aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente Bush. La llamada Ley Patriótica permite al Gobierno detener a sospechosos por tiempo casi indefinido, deportarlos, vigilar las comunicaciones a través de Internet y realizar registros domiciliarios sin necesidad de autorización judicial. Tampoco se necesita la intervención de un juez para pinchar las conversaciones entre reclusos y abogados, sólo la autorización de Ashcroft cuando 'exista una sospecha razonable para creer que un detenido pueda usar las comunicaciones con sus abogados para facilitar actos de terrorismo'.

Alarmada, la Unión Nacional de Libertades Civiles dijo en un comunicado que 'sienta un terrible precedente', a lo que el Departamento de Justicia respondió que el mecanismo va acompañado de 'salvaguardas procesales', como la notificación a ambos, cliente y abogado, de las escuchas y la garantía de que no las podrán usar en su contra los fiscales de sus casos, a menos que lo apruebe un juez.

También queda a salvo la 'información privilegiada' que discutan en preparación de la defensa. No obstante, la asociación de abogados defensores opina que es difícil separar la información puramente procesal de toda la que relate el cliente y afirman que cortapisa su habilidad para preparar el caso. Hasta ahora, las comunicaciones entre abogados y clientes estaban exentas de supervisión, a diferencia de las de tipo social, con familiares o amigos.

Estas medidas se suman a las impuestas tras los atentados de 1993 contra las Torres Gemelas y el edificio federal de Oklahoma en 1995, que incluyen celdas de aislamiento, intercepción del correo y restricciones de llamadas y visitas.