Las subvenciones otorgadas a la entidad han superado los 657 millones desde 1998

La operación policial contra directivos de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) provocó ayer la paralización inmediata de las ayudas aprobadas por diferentes administraciones andaluzas que aún no se habían abonado. La congelación afecta de momento a 75 millones de pesetas, a los que se suma el expediente de reintegro de la Consejería de Asuntos Sociales para intentar recuperar 35 millones de pesetas. Las ayudas suspendidas, sin embargo, representan una pequeña parte de los 657 millones de pesetas que, como mínimo, recibió FARA desde 1998 del Gobierno, la Junta, diputacion...

La operación policial contra directivos de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) provocó ayer la paralización inmediata de las ayudas aprobadas por diferentes administraciones andaluzas que aún no se habían abonado. La congelación afecta de momento a 75 millones de pesetas, a los que se suma el expediente de reintegro de la Consejería de Asuntos Sociales para intentar recuperar 35 millones de pesetas. Las ayudas suspendidas, sin embargo, representan una pequeña parte de los 657 millones de pesetas que, como mínimo, recibió FARA desde 1998 del Gobierno, la Junta, diputaciones y ayuntamientos andaluces.

Los investigadores policiales elevaron la cuantía de las ayudas públicas concedidas a FARA a unos 1.000 millones de pesetas. Ayer, el Ministerio de Trabajo informó que sus aportaciones a la federación a través del porcentaje del IRPF destinado a ONG ascendieron a 120 millones de pesetas. La mitad concedidos en el ejercicio de 1998 y la otra parte en el de 2000. Ni en 1999 ni en 2001 subvencionaron a la FARA.

La Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico subvencionó a la organización a través de la formación ocupacional y el plan integral de la comunidad gitana. Las ayudas, que se elevaron a 405 millones de pesetas desde 1998, aunque no han llegado a abonarse cerca de 41 millones que no habían sido justificados aún, se enmarcaban dentro de las directrices de los acuerdos de concertación social firmados entre la Junta, los sindicatos y los empresarios para promover la inserción de la comunidad gitana en el mercado laboral.

La Dirección General de Empleo e Inserción subvencionó la contratación de 264 monitores en centros escolares donde se desarrollaban programas de escolarización de niños gitanos con 369,3 millones de pesetas en 1998, 1999 y 2000. De la ayuda de 2000 no llegaron a abonarse 29,6 millones porque seguían pendientes de justificación y que, tras la operación policial, han sido congelados, al igual que otros 11,3 millones pendientes de liquidar por la Dirección General de Formación correspondientes a 2000. Para cursos de formación ocupacional, este departamento aprobó desde 1998 un total de 36 millones de pesetas, aunque sólo entregó los 24,5 millones justificados.

Fuentes de la Consejería de Empleo señalan que todas las cantidades entregadas a la federación han sido justificadas. Dado que las ayudas se han destinado sobre todo a la contratación de personal, el control es difícil de burlar, según la Consejería. Las entidades tienen que aportar justificantes de las nóminas, el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y la relación contractual entre el trabajador y la entidad subvencionada.

La Consejería de Asuntos Sociales, por su parte, concedió 79 millones de pesetas desde 1998 para mantenimiento y el programa de lucha contra el absentismo escolar. El departamento anunció ayer que ha puesto en marcha un expediente de reintegro de los 35 millones otorgados en 2001 para tratar de recupararlos. La FARA justificó con documentación el desarrollo de los programas, pero sólo se exige un control documental. La federación tenía aprobados otros 53 millones de pesetas de los ayuntamientos de Jaén, Málaga y Almería, la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz y la Diputación de Málaga. Estas administraciones han paralizado la entrega de 34 millones tras la operación policial.

Con información de María José López (Almería), Ginés Donaire (Jaén), Antonio Chaves (Málaga) y Fernando Pérez-Monguió (Cádiz).